La Suprema Corte de Justicia de la Nación, otorgó un amparo a comuneros de la Cuenca Río Sonora afectados por el derrame de sulfato de cobre de la mina Buenavista del Cobre, Sonora, en agosto de 2014, respecto al cierre del fideicomiso de 2 mil millones de pesos que hizo el grupo México al considerar que ya se había reparado el daño.

La segunda sala de la corte, estudió en conjunto tres casos interpuestos por los Comités de Cuenca Río Sonora, pero dos de ellos se sobreseyeron y en el caso del fideicomiso ordenó su revisión con lo que se abre la posibilidad de que se reabra.

El Fideicomiso Río Sonora consistía en un fondo de 2 mil millones de pesos destinados a la reparación de daños tras el derrame de la mina Buenavista del Cobre, Sonora, de 40 millones de litros de sulfato de cobre, ocurrido el 6 de agosto de 2014.

Ese mismo año Grupo México se comprometió a abrir dicho fideicomiso para reparar los daños causados por el desastre ecológico, sin embargo, el fideicomiso se declaró extinto en 2017 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), porque supuestamente ya se habían llevado todas las medidas de reparación prometidas a las comunidades, pero no se habían entregado los recursos con los que se comprometió originalmente.

Tras la decisión de la sala, Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), informó que el amparo respecto al cierre del fideicomiso fuera favorable a las comunidades.

“Es decir se va a revisar el cierre y posiblemente se revoque o que se determine, ya veremos el engrose de la sentencia, que dictan específicamente las autoridades para lo que procede a partir de ahora”, señaló en entrevista.

Señala que hay una posibilidad de que se reabra el fideicomiso o se determinen otros canales para ampliar y abrir a la participación de la comunidad que no participaron en la decisiones respectivas del fideicomiso y como se distribuyeron los recursos.

Hopenhaym, dijo que las comunidades pudieron acceder a la justicia. “Cuestionábamos el cierre del fideicomiso y la falta de participación, recordando que había un mandato de remuneración integral del daño, lo que estábamos cuestionando es que el daño no se reparó integralmente y no hubo participación de las comunidades afectadas”, detalló.

En el caso de los otros amparos y que están vinculados a las operaciones del fideicomiso y al programa de reactivación agropecuaria, “fueron sobreseídos y eso tiene que ver con lo que suceda con el fideicomiso y se respondería a estas otras cuestiones, es decir si se repondría o si se revisitaría como operara ese nuevo mecanismo”.