El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, advirtió que la idea de establecer justicia, está encontrando falsas soluciones, "las comisiones de la verdad son necesarias, pero sólo en aquellas situaciones en las que la jurisdicción ordinaria no haya podido resolver los casos, como ocurre con el caso Iguala en 2014".
El Doctor Honorus Causa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), consideró que el Estado debe contar con mayores elementos para enfrentar la delincuencia organizada, aseveró que hay una contracción de los derechos humanos que es posible observar en distintos ámbitos, incluida la utilización de miembros de las fuerzas armadas para cumplir labores de seguridad pública y su normalización.
Cossío Díaz dijo que la pretensión de solventar todos los capítulos de violencia por medio de comisiones de la verdad “sería un gran error”, debido a que debiera fortalecerse el aparato de justicia y no ofrecer salidas paralelas a otras instituciones porque eso sería demasiado frustrante.
Si se considera que en una situación como la registrada en San Fernando, Tamaulipas, donde fueron halladas fosas clandestinas con restos humanos, una comisión de la verdad ¿qué haría con eso?, pues la sustitución del ministerio público no está permitida y si no acusa y sólo emite una recomendación, ésta sería poco sólida
Por ello, recalcó que entre Fiscalía General de la República (FGR) y las procuradurías estatales deben operar grupos de investigación sobre los juicios con “una función técnicamente sustentada” para ya no destinar recursos, tiempo ni talento en las organizaciones ordinarias ni generar ideas de reparación que no van a ir al centro del problema.
El ex ministro sustentó que la reforma en derechos humanos de junio de 2011 resultó “excepcionalmente importante y no hay en el mundo un artículo constitucional tan potente como el primero de nuestra Carta Magna, porque contiene un principio por persona, reglas de interpretación y aplicación, y toma todas las garantías humanas de fuente constitucional, más todas las de fuente internacional”.
En este contexto, dijo que la SCJN votó en los términos que dispone la Constitución para que la Guardia Nacional que propone el gobierno no pueda realizar –en tiempos de paz– más funciones que aquellas en conexión exacta con la disciplina militar, en virtud de que no es posible el uso de las fuerzas armadas en tareas de policía, destacó.
Si se tratara de un cuerpo policial desmilitarizado, es decir, con un puesto en condiciones diferenciadas, esto podría sostenerse, pero si la Guardia Nacional va a quedar al mando o ejecución militar será muy difícil salvar la condición de constitucionalidad
