Un Tribunal Colegiado con sede en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva a Eduardo Pequeño García, exjefe Antidrogas de la Policía Federal durante la gestión de Genaro N como secretario de Seguridad Pública, contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El congelamiento de cuentas se originó luego que el departamento de justicia de Estados Unidos, que llevan la causa contra el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro N, acusaron formalmente de narcotraficantes a Luis Cárdenas Palomino, extitular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal (PF).
Las autoridades señalan que ambos brindaron protección al Cártel de Sinaloa, que dirige Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera preso en Estados Unidos, y aceptar millones en sobornos para proteger al Cártel.
Este jueves el Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa negó la protección de la justicia federal a Pequeño García al determinar que el bloqueo de cuentas bancarias, “cumplió con la carga procesal, por lo que debe negarse la medida cautelar, ya que la UIF demostró que existe una investigación de carácter internacional en su contra”.
De esta forma, los magistrados declaran fundados los recursos de revisión interpuestos por Presidencia de la República, el secretario de Hacienda y Crédito Público, así como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Hace referencia a las obligaciones del carácter internacional que tiene México, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como por el carácter de miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional.
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En el caso de Pequeño García, la UIF mencionó que el bloqueo es resultado del trabajo conjunto de cooperación con una agencia del gobierno de Estados Unidos, la cual solicitó asistencia respecto de una investigación sobre lavado de activos contra el ex funcionario, motivo por el cual se dio la orden de congelar las cuentas “como un mecanismo de prevención” ante la probable comisión y continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.