Un Tribunal federal resolvió declarar infundada una orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de enriquecimiento ilícito.
En sesión, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, confirmó por unanimidad cancelar la orden previamente obtenida por el Ministerio Público federal en contra del exfuncionario federal, quien se encuentra encarcelado en Estados Unidos por cinco delitos relacionados con el crimen organizado.
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El argumento de la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar para tirar el mandamiento previo fue que “no cualquier acto o hecho jurídico susceptible de ocasionar un aumento en el patrimonio del servidor público es sancionable, sino únicamente aquellos que en ejercicio de la función pública realice el servidor para acrecentar el mismo y respecto de los cuales se considere ilícito”.
La FGR asegura, sin embargo, que el patrimonio de García Luna es “desproporcionado e injustificado” durante su gestión como servidor público entre los años 2000 y 2012, período en el que se le pudo corroborar un incremento de 43 millones de pesos, los cuales no fueron justificados en sus declaraciones patrimoniales.
Por esta razón, alegando que el Tribunal, también integrado por los magistrados Alberto Torres Villanueva y Manuel Bárcena Villanueva, violentó el artículo 224 del Código Penal Federal que estaba vigente al momento de las presuntas irregularidades, pues García Luna no pudo justificar los ingresos, es que se iniciará el procedimiento legal en contra.
También anunció que el proceso alcanzará al juez Gerardo Genaro Alarcón López, quien inicialmente negó la orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad federal. El juzgador es el mismo que exoneró a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el caso conocido como La Estafa Maestra.
Asimismo, Alarcón López es el mismo juez que determinó en agosto pasado que Emilio Lozoya podría librar la acusación por presuntas irregularidades en la compra de la planta Agronitrogenados sin pagar un solo peso, pues el empresario Alonso Ancira ya se encuentra resarciendo el daño.
En contra de García Luna aún existen tres acusaciones en su contra, una de ellas en la que la FGR lo acusa junta a otras 50 personas, incluida su esposa Linda Cristina Pereyra y sus hermanos, de triangular más de cinco mil millones de pesos a través de 10 contratos “ilegales y abusivos de equipamiento”.
La segunda orden de aprehensión es respecto a un presunto daño al erario causado en la construcción y operación de diversos penales federales y el cual habría ascendido a más de 64 mil millones de pesos.
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Mientras que la tercera es por su presunta participación en el caso conocido como “Rápido y Furioso”, en el que se introdujeron a México armas de alto calibre procedentes de Estados Unidos para intentar rastrearlas y dar con los criminales, pero que finalmente se perdieron.
