Tienen la posesión de sus tierras desde la época prehispánica, pero no los documentos que lo acrediten. El juicio agrario se inició en 2014, cuando la comunidad Santiago Casandeje, en Jocotitlán, Estado de México, solicitó su reconocimiento como tal, con base en la Ley Agraria.
Después de cinco siglos, acreditaron el estado comunal y el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24 con sede en Toluca, resolvió reconocer su propiedad y posesión ancestral de 630 hectáreas.
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El 23 de marzo de este 2023, les expidió su sentencia, acta de deslinde y su plano y con ello, su seguridad patrimonial de la que solo tenían la posesión desde hace más de 500 años.
"Este es uno de los 14 mil 514 juicios que se resolvieron, expedientes con más de 50 años de antigüedad, por los Tribunales Agrarios, en la ruta de lograr una justicia agraria honesta, comprensible y transparente" afirmó la magistrada presidenta de los Tribunales Agrarios, Maribel Concepción Méndez de Lara.
En una acción coordinada por llevar justicia y certeza patrimonial, los Tribunales Agrarios, al cierre del Programa de Atención a Juicios Agrarios de 2019 y años anteriores, atendieron y resolvieron al 31 de julio 14 mil 514 juicios en el país.
"Entre esos asuntos, hay un número importante de expedientes que llevaban varias décadas pendientes de resolver de años previos a 2019. Con ello se pudieron cumplimentar resoluciones presidenciales emitidas hace más de medio siglo y se resolvieron conflictos por límites entre comunidades y se ejecutaron sentencias firmes" agregó Méndez de Lara.
Otro caso, es del San Pedro el Alto, de Zimatlán de Álvarez y Santiago Textitlán, municipio del mismo nombre, en el estado de Oaxaca. Se trata de un juicio con 22 años. Y una antigüedad de la controversia por límites territoriales desde hace 60 años.
El juicio agrario que se inició en el año 2000, finalmente resolvió que la superficie en controversia pertenecía a San Pedro el Alto, a través de la conciliación se entregó la superficie en conflicto el pasado 4 de diciembre de 2022.
“Con ello se salvaguardó el derecho humano al medio ambiente, ya que la superficie restituida es un área boscosa”, dijo en entrevista, la magistrada presidenta Méndez de Lara.
Otro caso es el de Santa Catarina Ixtepexi, municipio del mismo nombre, en el estado de Oaxaca y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Este juicio agrario se inició en 2007, en una controversia por límites entre esta comunidad que reclamó a la CFE el pago de indemnización por servidumbre eléctrica para la prestación de un servicio público.
Después de 15 años se logró que la CFE pagara a la comunidad de Santa Catarina Ixtepexi 1.9 millones de pesos por concepto de servidumbre legal, la cual también se declaró por causa de utilidad pública.
Y otro caso de antigüedad, es el del ejido El Ámbar, municipio de Jitotol, Chiapas, también por límites con el ejido La Lagunita, del municipio de Bochil.
El Tribunal Unitario Agrario con sede en Tuxtla Gutiérrez, emitió sentencia el 13 de abril de 2013. Determinó que el ejido La Lagunita debía entregar al ejido El Ámbar, la superficie de 29 hectáreas. Pero desde 2014, no se ejecutó.
Fue a través del diálogo, que mediante un convenio se acordó la forma y términos de ejecución y terminar con la controversia que se inició en 2005 y el juicio en 2009, al emitirse sentencia en 2014 y que finalmente se ejecutó en 2022.
RESOLUCIONES TRASCENDENTES
Estas resoluciones son muy trascendentes, toda vez que en el campo, ejidatarios y comuneros, de los cuales el 26 por ciento son mujeres, poseen poco más de 100 millones de hectáreas, esto es el 51 por ciento del territorio nacional, donde hay conflictos por la tenencia de la tierra, muchos ancestrales que datan ya no de la Colonia sino de la época prehispánica, como Santiago Casandeje, en Polotitlán, Estado de México.
La magistrada presidenta de los Tribunales Agrarios, dijo a El Sol de México en entrevista, que en estas tierras de propiedad ejidal y comunal se concentra el 60 por ciento de áreas naturales protegidas y el 80 por ciento de los bosques y selvas.
También las dos terceras partes de los recursos hídricos. De los 11 mil 360 kilómetros de litorales, 6 mil 500 kilómetros limitan con 628 núcleos agrarios.
Al hacer un balance sobre la Declaratoria-Compromiso entre la Magistratura Agraria y los Tribunales, que se prolongó hasta el 31 de julio reciente, la magistrada presidenta Méndez de Lara destacó la labor que se realizó y en particular de quienes lograron el mayor avance por este esfuerzo extraordinario.
“Es un logro sobresaliente, debido a que se revirtió el porcentaje de juicios de mayor antigüedad”, subrayó.
Los diez distritos en donde se resolvió el mayor número de casos rezagados son:
Tlalnepantla en el Estado de México, con 824; ciudad de Puebla, con 586; Toluca, Estado de México, 585; Ciudad Obregón, Sonora, 442; San Luis Potosí, 396; Tepic, Nayarit, 380; Guadalajara, 379; Tuxpan, Veracruz, 363; Tepic, sede 19, fueron 361 los casos rezagados resueltos y Guasave, Sinaloa con 352.
También informó que los diez Tribunales Unitarios que tienen el más bajo número de juicios en trámite son el de la capital de Aguascalientes, con 10; la ciudad de Campeche, con 12; Guadalupe, en Zacatecas, con 20; Chilpancingo, 55; Culiacán, 60; Durango, capital, 73; Huajuapan de León, 74; Zihuatanejo, igual número, 74; Tapachula, 75 y Pachuca con 78.
Recordó que hace 3 meses, cuando se extendió la prórroga para atender estos casos en rezago, pidió continuar el trabajo para otorgar seguridad patrimonial a las partes que acuden a demandar la protección de sus derechos y contribuir así a la paz social y seguridad jurídica en el campo.
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En cuanto al mapa agrario, refirió que en el norte de la República, ya casi no se tienen controversias. “Son mínimas. Se focalizan en las zonas urbanas”, indicó.
En Veracruz, porque es un número muy elevado de núcleos agrarios; “pero en general se construye un barrido de certeza jurídica“.
En Quintana Roo y Yucatán, los conflictos de tierra son con fines turísticos. Igual en Baja California y Baja California Sur y en Puerto Escondido, en Oaxaca, dijo la magistrada presidenta de los Tribunales Agrarios, Maribel Concepción Méndez de Lara.
