Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acusó a Sonia Vargas Terrero, actual directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de haber firmado contratos ilegales por 71 millones 600 mil dólares, los cuales forman parte de un entramado financiero ilegal cuando fue funcionaria a las órdenes de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública (SSP)
“No se trata de cualquier ilícito, sino que estos actos están vinculados a una gran trama de corrupción, cuyos actos están siendo reclamados por México”, dijo el titular de la UIF este lunes durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Gómez Álvarez dijo en la conferencia que Vargas Terrero, quien fue contratada recientemente por Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), firmó los contratos entre 2006 y 2012, cuando era directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal con la administración de García Luna, quien actualmente está siendo procesado en Estados Unidos por narcotráfico.
El titular de la UIF también señaló a otros exfuncionarios que formaron parte de esta presunta trama financiera que está siendo investigada por la Fiscalía General de la República y que habría desviado recursos de la Secretaría de Seguridad junto con García Luna:
- Rodrigo Esparza Cristerna, quien también firmó contratos por 69 millones 100 mil dólares, cuando era Comisionado de la Policía Federal.
- Facundo Rosas Rosas excomisionado de la Policía Federal, que firmó otro contrato por 25 millones 875 mil dólares.
- Humberto Martinez González, exdirector General de Apoyo, que autorizó contratos por 37 millones 875 mil dólares.
- Rafael Ávilez, exjefe de división de las Fuerzas Federales, que fue responsable de firmar contratos por 2 millones 500 mil dólares.
- Luis Cárdenas Palomino, extitular de División de Seguridad Regional, que fue responsable por la firma de contratos por 2.5 millones de dólares, entre otros.
“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de 700 millones de dólares”, deploró el funcionario, mientras subrayó que las personas que forman parte de las denuncias de la FGR ya están sujetas a una investigación.
“Estamos reclamando que esto sea debidamente procesados porque fueron quienes personalmente firmaron los contratos”, dijo Alvarez Gómez.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador había acusado el pasado 19 de mayo que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña contrató a Vargas Terrero quien había sido excolaboradora de Genaro García Luna.
