La Fiscalía General de la República (FGR) informó que después de casi siete años de la masacre de Nochixtlán, Oaxaca, en la que fueron asesinadas seis personas y 93 más resultaron lesionadas, logró la vinculación a proceso de cinco mandos policiales por su presunta responsabilidad en el hecho.
La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero explicó que la vinculación fue en contra de tres mandos de la Policía Federal (PF) y dos estatales luego de reactivar la investigación en 2019 sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de los tres órdenes de gobierno durante una manifestación magisterial en el municipio oaxaqueño.
En un comunicado, luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno informaría sobre este caso, la FGR detalló que queda por cumplimentarse una orden de aprehensión más en contra de otro policía.
También, dijo, se tiene programada una audiencia para el próximo 9 de junio en la que se imputará a otros dos elementos, uno de la extinta división de Gendarmería de la PF y otro de la Policía Estatal de Oaxaca.
La FGR detalló que fue el 15 de noviembre pasado cuando la dependencia logró la más reciente vinculación a proceso de dos de los exmandos de la Policía Federal, quienes son acusados de la comisión por omisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, estas últimas en contra de 27 personas que resultaron lesionadas por el disparo de arma.
Por su parte, abundó, apenas el 13 de enero se desahogó audiencia en contra de uno de los imputados, quien a través de su defensa solicitó modificar la prisión preventiva en su contra.
Sin embargo, a pesar de que por ser mayor de 70 años tiene derecho a continuar su procedimiento en prisión domiciliaria, la jueza mantuvo la medida cautelar a petición de la Fiscalía.
La masacre de Nochixtlán es uno de los hechos que más críticas generó a los gobiernos del entonces presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, quienes habrían autorizado un operativo en 2016 en contra de la población que se manifestaba por la reforma educativa impulsada por el mandatario federal.
El despliegue consistió en 400 policías federales, 400 estatales y 50 elementos de la Agencia de Estatal de Investigaciones, quienes tenían la encomienda de despejar la carretera federal 190 en su cruce con la autopista 135 D, vialidad obstruida por los manifestantes entre los que había niños, mujeres, maestros y padres de familia, quienes fueron agredidos por más de nueve horas, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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