Como resultado de la denuncia penal presentada por la Secretaría de la Función Pública, un juez de control vinculó a proceso a tres personas por su presunta responsabilidad en la sustracción del expediente del caso conocido como la “Casa Blanca” de los archivos de esta dependencia.
En 2019, la secretaria Sandoval Ballesteros instruyó que se presentara la denuncia penal por la sustracción del expediente sobre el posible conflicto de interés del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con Grupo Higa.
Esta denuncia se originó en una investigación iniciada en el Órgano Interno de Control, después de que ex funcionarios señalaran que antes de la entrega de la Secretaría de la Función Pública a la nueva administración se habría sustituido el expediente original por una copia de la versión pública, que presuntamente omitía diversas evidencias de la investigación.
Tras una minuciosa indagatoria, en la que se hizo evidente que el expediente de la llamada “Casa Blanca” no fue archivado de conformidad con la ley en la materia y las normas internas de esta Secretaría, la Función Pública presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el posible delito de ejercicio ilícito de servicio público por tres personas que ocuparon los cargos de Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, de Director General de Denuncias e Investigaciones y de Director General Adjunto de Investigaciones, a finales de la anterior administración.
Tras concluir la audiencia ante el juez de control, la secretaria Sandoval Ballesteros informó que “esta noticia es un paso más para erradicar la impunidad, a través del cumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales de garantizar una administración honesta, legal y ética”.
En adelante, la Función Pública seguirá coadyuvando, como parte ofendida, en este asunto que continúa en etapa de investigación complementaria. Confiamos en que el trabajo de la Fiscalía en coordinación con esta Dependencia permitirá esclarecer la desaparición de este expediente de investigación, así como sancionar a quien haya sido responsable.
La Función Pública está comprometida con fortalecer, en el ámbito de sus atribuciones, los mecanismos de coordinación con las autoridades ministeriales para asegurar que cuenten con todos los elementos para la correcta integración de las investigaciones y, de esta manera, sumar esfuerzos para erradicar la impunidad.