Iguala, Guerrero.- El mecanismo que sirve para izar la monumental bandera de Iguala, símbolo inconfundible de esta ciudad guerrerense, se descompuso el mes de julio y ahora el lábaro patrio ondea sin llegar hasta la punta del asta que mide 113 metros.
Mientras los soldados del Ejército mexicano arreglan el desperfecto, esta población se encamina al décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa con la bandera a media asta, una involuntaria pero tétrica señal de luto que domina el paisaje igualteco.
Conocida anteriormente por el enorme flujo de turistas que acudían a comprar oro, recorrer sus sitios históricos y disfrutar sus deliciosos guisos, hoy Iguala busca recuperar sus glorias, pero la inseguridad y el estigma de la tragedia ocurrida hace 10 años han provocado que la misión sea cuesta arriba.
Aquí la policía municipal es escasa y los pocos que vigilan las calles no portan armas. Desde que se comprobó que la colusión entre agentes locales y grupos delictivos provocó la agresión, entrega y desaparición de los alumnos, son fuerzas federales las que se encargan de patrullar las calles de esta urbe de unos 140 mil habitantes, la tercera más poblada de Guerrero después de Acapulco y Chilpancingo.
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Camionetas de la Guardia Nacional con células de hasta ocho agentes armados vigilan los accesos a Iguala. Aun así, la gente desconfía y prefiere encerrarse en sus casas a partir de las 10 de la noche, en un toque de queda autoimpuesto.
“Los malosos”, “estos amigos”, “la maña”, “esta gente”, son algunos nombres que usan los pobladores de Iguala para referirse a los grupos del crimen organizado que se han enquistado en la ciudad que es disputada por su ubicación geográfica estratégica, pues conecta poblaciones clave como Ciudad de México, Cuernavaca, Acapulco y la Tierra Caliente de Michoacán.
Aunque la tragedia de los 43 normalistas puso a Iguala en el ojo nacional e internacional, persisten el cobro de piso, la extorsión, las amenazas y los homicidios. Por eso la gente es desconfiada para hablar, se contienen para decir que 10 años después el miedo sigue, que la Noche de Iguala ya va para una década.
La violencia en Iguala ha ido en aumento desde 2014
“Y no me importa que seas sacerdote, cabrón. La Iglesia tiene que aprender que también debe cooperar”. Así parafrasea el padre José Manuel García Linzaga, párroco de la iglesia San Juan Bautista, en Iguala, las amenazas que cotidianamente sufren los presbíteros vía telefónica por parte de integrantes del crimen organizado.
“A un servidor y a otros hermanos párrocos nos llaman hasta cada tercer día; saben mi nombre y tienen mi número de celular. Nos dicen que ya estuvo bueno, que también las iglesias debemos pagar el derecho de piso”, comenta el clérigo, quien asegura que el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, ha tenido que interceder ante las bandas criminales para proteger a los sacerdotes y feligresía.
Iguala lleva 10 años en el ojo público después de la desaparición de los 43; aloja a dos batallones del Ejército y las colonias son vigiladas por fuerzas federales. A pesar de ello, la criminalidad no ha hecho más que crecer en la última década: en 2023 se abrieron 194 carpetas de investigación por homicidio y 295 por violencia familiar, las cifras más altas desde 2014.
De igual forma, en 2022 se rompieron todos los récords de secuestro (22 carpetas de investigación), de delitos sexuales (76 carpetas) y de extorsión (35 investigaciones abiertas).
“Percibo hambre y sed de justicia y de verdad –afirma el padre García; también percibo una Iguala con miedo. La gente tiene miedo de hablar, de salir a la calle, de relacionarse con los demás. Si nos asomamos al mercado municipal, notarás que se va quedando vacío, el comercio aquí está desplomándose”, dice sobre el ambiente que domina la ciudad tras 10 años auquel 26 de septiembre.
Hace 20 años Iguala era una ciudad tranquila al 100 por ciento, no se hablaba de delincuencia y las familias salían en las noches a platicar y a caminar por las calles, comenta Rogelio González (el entrevistado pidió no revelar su nombre real), profesor de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y una de las personas que auxilió a los estudiantes atacados la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de aquel fatídico 2014.
“De 15 años para acá la cosa cambió, se rompió la tranquilidad de Iguala. Empezaron los asaltos, los levantones, las desapariciones de personas. La gente ya le piensa para salir, parece que hay toque de queda porque a las 10 de la noche la gente ya no transita; las calles ya se ven solas en las noches, con excepción de cuando hay fiestas populares”, agrega el docente.
Maquillan las heridas que dejó la noche Iguala
Las autoridades de Iguala se prepararon para el décimo aniversario de la tragedia de los normalistas con cambios cosméticos. El Palacio Municipal, aquel que fue quemado y grafiteado en 2014 por los normalistas que pedían justicia, fue demolido y en 2021 comenzó la construcción de concreto con estilo “brutalista”, con un diseño del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón.
Se removió el kiosko tradicional, se remodelaron las jardineras, se cambió de lugar el Monumento a la Bandera y se rediseñaron el Zócalo y la Plaza Cívica de las Tres Garantías, en un intento por borrar las cenizas del pasado, de ocultar heridas.
El Hospital Cristina, la clínica que se hizo viral en septiembre de 2014 por ser el escenario a donde acudieron los normalistas heridos, también cambió de nombre y ahora se llama Clínica Médica Santa Fe. Tiene pintura nueva y muebles diferentes, pero son los mismos pasillos y la misma sala de espera donde aquella noche estudiantes apanicados por la persecución y las agresiones suplicaban por una atención médica que nunca llegó.
La Carpa de la Dignidad, una pequeña tienda de tubos y lona que durante años alojó a los alumnos de Ayotzinapa que pedían justicia afuera del Palacio Municipal, donde despachaba José Luis Abarca, hoy está arrinconada en una banqueta frente al Museo de la Bandera.
Lo que no ha cambiado son las demandas de justicia, más ahora que viene un cambio de gobierno.
“Lo que le exigimos a la doctora Claudia Sheinbaum es que el caso de Ayotzinapa sea un expediente abierto porque no queremos que venga una nueva presidenta y que quiera dar un carpetazo, tal como viene siendo, sino lo que exigimos es que se sigan con las investigaciones”, exige Alexander Gutiérrez, estudiante normalista de Ayotzinapa.
Entrevistado durante un homenaje a los estudiantes asesinados en Iguala, el dirigente normalista recuerda que, antes de retirarse de México, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hizo señalamientos sobre las líneas de investigación que debían seguirse, como es el presunto trasiego de drogas de Iguala hacia Chicago, el papel del Batallón de Infantería con sede en Iguala y los reportes que hicieron informantes del Ejército, de Marina y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que estuvieron presentes el día de la persecución.
“Una vez que el Batallón de Infantería con sede en Iguala, así como también la Secretaría de Defensa Nacional esté brindando la información sobre los 800 folios que hacen falta, le pediríamos y exigiriamos al gobierno que regresara el Grupo Interdisciplinario de Expertos para que revise los expedientes que no han entregado las Fuerzas Armadas”, plantea Gutiérrez.
Luego de 10 años de impunidad y de no saber el paradero de los 43 normalistas, Alexander sugiere que la intención de las autoridades federales es apostarle al cansancio de los alumnos, los padres y las organizaciones sociales que los apoyan.
—¿Qué ganaría el gobierno con dejar que pasen los años? —se le pregunta.
—El gobierno no quiere esclarecer todo esto porque hay algo más allá. Una vez que el Ejército entregue todos esos archivos que hacen falta, no solamente habría información sobre a dónde fueron llevados nuestros compañeros, sino que también dentro de esa información entregarían las últimas comunicaciones que hubo entre autoridades de los tres niveles de gobierno con grupos delictivos de aquí de Iguala.
Llegada de los cárteles cambió Iguala
Antes de la llegada de los cárteles a Iguala, los días de fiesta por la Feria de la Bandera, la Semana Santa, el Día de Muertos y el Desfile por el Día de los Locos terminaban hasta las cinco de la mañana; la población y los turistas podían caminar por las calles sin preocupación. Pero todo cambió desde 2010, con el auge de los homicidios, las extorsiones y el tráfico de drogas.
“Desgraciadamente, el caso de Ayotzinapa fue el detonante de la mala fama de Iguala, ya se vivía un poco de violencia, ya se vivía un poco de inseguridad, pero no a un grado como lo que sucedió. Entonces vino a detonar, ahora sí la inseguridad en las personas, de la gente que viene de fuera”, opina Francisco Suárez, profesor de primaria y uno de los organizadores de las fiestas patronales.
“Yo de niño salía de mi casa en las noches, iba hasta la calle de Bravo, por la iglesia de San Juan, caminando solito. Desgraciadamente la inseguridad ha afectado a toda nuestra ciudad y pues seguimos esperando la reacción del gobierno. Se ve mucha presencia del Ejército y la Guardia Nacional, pero han sido de poca utilidad”, expone.
Eduardo Jiménez es originario de Tepecoacuilco, pero vive en Iguala desde hace más de 30 años. Lleva 15 años como taxista y en ese tiempo ha aprendido varias lecciones: no contestar llamadas desde números desconocidos, pagar puntualmente los 200 pesos mensuales que piden los “malandros” para no exponerse a represalias y jamás llevar pasaje a Taxco, plaza dominada por una banda delictiva distinta a la que manda en Iguala.
Hace siete años se atrevió a llevar a un par de pasajeros a Taxco, el Pueblo Mágico ubicado a 35 kilómetros de distancia, a las 10 de la noche y casi le cuesta la vida. Fue “levantado” por un grupo criminal, que lo mantuvo secuestrado durante más de dos meses, lapso en el que fue torturado como sospechoso de ser “oreja” de la mafia rival asentada en Iguala.
“Desde lo de Ayotzi se acabó Iguala, y no se ha recuperado. Seguido nos enteramos que matan a empresarios que se niegan a pagar el derecho de piso o incluso les queman sus negocios”, relata el conductor.
Angélica tiene un puesto de banderines y artículos patrios afuera del Museo de la Bandera, una actividad que heredó de sus padres y sus abuelos. Acompañada de su pequeña hija de dos años, la vendedora cuenta que antes de la crisis de inseguridad y del conflicto de Ayotzinapa, las familias solían ir al parque para que los niños jugaran con las pelotas y corretearan a las palomas.
“Hoy poca gente sale al centro y lo hace durante las tardes. Esta es la primera vez que salimos a vender después de que hace dos años nos removieron por la remodelación del Zócalo. Esperemos que este año se empiece a recuperar la confianza un poquito, que se empiecen a elevar las ventas”, externa la vendedora.
Ausencia de justicia y verdad tiene estancada a Iguala
Para los recorridos en Iguala, El Sol de México fue acompañado por el historiador Guillermo de la Cruz, cronista de la ciudad, quien asegura que autoridades, empresarios y ciudadanos trabajan en conjunto para superar los años aciagos y retomar la vida económica, cultural y social.
Uno a uno, De la Cruz condujo a este medio para visitar los lugares que hoy son cicatrices en Iguala. Uno de ellos es el crucero de Periférico Norte y Juan N. Álvarez, escenario del principal ataque contra normalistas desarmados; en la actualidad aún pueden observarse en las paredes los disparos lanzados por comandos conformados por policías locales y sicarios del crimen organizado.
También se encuentra la estela en honor a Julio César Mondragón, el joven normalista que fue asesinado y desollado; en la calle de Industria Textil, colonia CIVI, se pueden leer pintas como “Malditos aquellos que con sus palabras convencen al pueblo y con sus hechos los traicionan” o “Aquí estamos los mismos de siempre; no nos vendemos, no nos rendimos”.
Al tour se suma el llamado cruce de Santa Teresa, en el kilómetro 136 de la carretera Iguala-Chilpancingo, donde fue agredido el camión del equipo de futbol Los Avispones, donde murió uno de sus jugadores. A diferencia de otros sitios, en el punto no hay cruces, ofrendas ni una veladora en honor de la joven víctima.
En junio de 2021, el padre José Manuel García Linzaga se viralizó en redes sociales al difundirse un video en el que suspende la misa que ofrecía en la iglesia de San Juan Bautista y los feligreses buscan refugio tras escucharse disparos afuera del templo.
Nativo de Iguala, el sacerdote explica por qué, 10 años después de la tragedia de los normalistas, Iguala no puede salir de su larga noche.
“Voy a decirlo así: se debe al fallido sistema de resguardo de la sociedad, porque aunque vemos que pasan dos o tres veces al día camionetas de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Policía Estatal, seguimos enterándonos de dos o tres difuntos al día. Algunos se sinceran, y nos dicen: ‘Tenemos órdenes de no actuar’”.
“En estos 10 años no se ha aprendido ninguna lección. Las mismas presidencias municipales aquí no duran mucho, y se entiende que ellos mismos sufren también el acoso de las delincuencia organizada, el cobro de piso. Yo recuperaría el mensaje del papa Juan Pablo II: la auténtica paz exige de justicia y de verdad, que es justo lo que no tenemos en Iguala”, agrega.
