El senador Adán Augusto López Hernández, coordinador parlamentario de Morena, informó que se retirará del proyecto llamado Ley Anti Amparo la propuesta para modificar el artículo 1 de la Constitución.
Dicha propuesta –que él mismo presentó ayer- planteaba que en ningún caso las normas relativas a los derechos humanos podrían ser inaplicadas a través del control de convencionalidad.
Sin embargo, el senador morenista adelantó en entrevista con Ciro Gómez Leyva por Radio Fórmula que en la reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que se realiza este miércoles, la discusión se centrará únicamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución, los cuales están relacionados con la reforma al Poder Judicial.
Explicó que el objetivo es integrar en la Constitución lo que ya establece la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo, es decir, que el juicio de amparo no procede contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Destacó que, aunque la Ley de Amparo ya señala que no es posible interponer un juicio de amparo contra reformas constitucionales o en materia electoral, algunos jueces y magistrados han intentado detener la implementación de la reforma judicial mediante este recurso.
“Creemos que es momento de darle mayor certeza jurídica a esta disposición a través de esta reforma constitucional”, puntualizó el senador.
Ayer, luego que Morena presentó la Ley Anti Amparo, la oposición criticó la propuesta por posible vulneración de derechos humanos.
El proyecto incluía una controvertida modificación al artículo 1 de la Constitución, la cual planteaba que las normas relativas a los derechos humanos no podrían ser inaplicadas a través del control de convencionalidad.
Esta disposición generó críticas al considerarse que podría haber violado o limitado la protección de derechos humanos, al restringir la capacidad de los jueces para ejercer esta herramienta.
El control de convencionalidad es un mecanismo que permite a los jueces evaluar si una ley o acto del Estado está en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.
Si se determina que una ley interna contradice estos tratados, puede ser inaplicada en un caso concreto.
Sin embargo, la propuesta de Morena, al impedir que las normas sobre derechos humanos sean inaplicadas mediante este control, habría bloqueado esta vía de protección judicial.
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