Mujeres, sin garantía para una vida libre de violencia

Los legisladores deberán resolver a más tardar en abril de este año un rezago de 150 iniciativas relacionadas con violencia y los ajustes que permitan garantizar mejorar la actuación de los operadores de la protección de las mujeres o la alineación del tipo penal del feminicidio.

Entre las iniciativas pendientes están las que garantizan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y para las cuales se realizaron en 2019 más de 23 foros en todo el país.

Al paquete anterior se suma, la modificación de al menos 40 leyes secundarias que permitan instrumentar realmente la paridad de género, como quedó establecida en la reforma constitucional aprobada en 2019. Para este proyecto, cuyo plazo de aprobación vence en junio, los senadores están siendo asesorados por el Instituto Nacional de las Mujeres.

Martha Tagle, una de las diputadas federales impulsoras de la agenda legislativa a favor de los derechos de la mujer, criticó que la mayoría en el Congreso haya estado concentrada en sacar las prioridades del Ejecutivo, tan lejano por momentos de estos temas, y las fallas en el diseño de un cuerpo técnico que permita agilizar una dictaminación que atraviesa distintas comisiones.

“Hay una necesidad de revisar los turnos que se dan desde la mesa directiva. La Secretaría de Servicios Parlamentarios muchas veces se queda sólo con el encabezado de la iniciativa y ha hecho que muchos productos que tienen que ver con un mismo tema se reparten en muchas comisiones lo que dificulta la dictaminación. Hay que hacer una revisión de esos criterios”, explicó la diputada de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Equidad de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño Zuloaga (Morena), admitió que aún “son grandes los rezagos que existen” en relación con esta agenda y, por ello, “falta mucho” para garantizar una vida libre de violencia hacia la mujer.

En este contexto, la coordinadora parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, lamentó que la denominada “Legislatura de la Paridad” tenga un rezago legislativo en este tema. Y puso algunos ejemplos. Recordó que en principio se debe reglamentar la reforma constitucional sobre la paridad de género que modificó nueve artículos de la Constitución para que este derecho se garantice en los tres órdenes de gobierno, pero también en los tres poderes de la Unión y en todos órganos autónomos.

También expuso que para frenar la violencia feminicida es urgente mejorar la alerta de género, obligar a los estados y municipios donde exista una a atender las recomendaciones que se hagan al respecto.

“Hoy nada más se emiten las alertas desde Gobernación, lo toman como un asunto político, pero no se actúa para investigar y detener la violencia que ocurre en determinadas regiones de nuestro país”, consideró.

También recomendó que para acabar con la impunidad por delitos de violencia de género se debe terminar con la arbitrariedad que existe en las distintas fiscalías al no atender las denuncias de las mujeres.

“Me parece que algo trascendente es que se cuente con una fiscalía especializada para atender los feminicidios”, agregó.

Y resaltó que lo más importante es que la Cámara de Diputados acompañe con un presupuesto robusto al sistema de justicia para la prevención de delitos contra la mujer y la capacitación y debida operación de las fiscalías.

LETRA MUERTA

Si bien existen leyes que garantizan en el papel una vida libre de violencia hacia las mujeres y castigan a los agresores bajo un debido proceso, la criminóloga del INACIPE, Olivia Rubio, afirma que su implementación es letra muerta.

“Hacer una ley es como acudir al médico y recibir una receta, pero no sirve de nada la receta si no se surte en la farmacia y te tomas el medicamento como se ordena. Lo que tenemos son eso: recetas muy buenas que se han perfeccionado, sin embargo, estamos muy atrasados en su implementación”, advirtió.

La especialista del Instituto Nacional de Ciencias Penales consideró que desde la Constitución hasta los reglamentos hay muchas herramientas para garantizar una vida libre de violencia. “Pero el problema -señaló- es que no lo estamos viviendo porque hay una disociación entre la ley y la realidad, esa disociación es la que tenemos que eliminar a través de la exigencia a las autoridades y también lograr un cambio que modifique la cultura machista”.

FUENTE: INEGI. Encuesta nacional sobre la dinámica de las relacionesen los hogares, 2016

Ana Katiria Suárez, maestra en ciencias penales y defensora de derechos humanos y de género, coincidió en que los principales obstáculos para que las mujeres estén protegidas y sin violencia son los operadores encargados de proteger a las mujeres, ubicados en los distintos cuerpos policiacos y ministerios públicos.

“Es la propia autoridad la que minimiza el dolor de las mujeres y esto propicia impunidad”, señaló. Como ejemplo detalló que una mujer víctima de violencia y que trata de hacer una denuncia se enfrenta al factor humano de la misoginia con la que son observados cada uno de los casos.

“Es muy difícil encontrar que una autoridad maneje la perspectiva de género o al menos sea sensible de manera inmediata a los delitos cometidos en razón de género”, comentó la criminóloga.

La abogada Ana Katiria comentó que “las leyes se pueden perfeccionar siempre, pero son los operadores quienes echan abajo en muchos de los casos estos esfuerzos, pues muchísimos servidores públicos siguen sin abrazar o entender la violencia de género y por lo tanto no se puede aplicar ninguna ley. Por más leyes perfectas que pongas”.

Por ello concluyó que para abatir la violencia feminicida se deben enfocar los esfuerzos en capacitación y sensibilización de primeros respondientes y ministerios públicos.

Recientemente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, afirmó que el origen de los femicidios deriva de la impunidad, producto de un sistema judicial históricamente machista.

El titular de la UIF expresó en una reunión con empresarios a finales de febrero que el país tiene “un sistema en el cual, según los datos de la propia Fiscalía General de la República, hay 99 por ciento de impunidad en el sistema tradicional de justicia” y refirió que el paro nacional #UnDíaSinNosotras, se trata de “un mensaje al machismo histórico, que está fomentado en gran medida por la impunidad”.