En la aplicación de multas a contratistas, proveedores y licitantes en los últimos nueve meses por mil 458 millones de pesos, es necesario asegurar que sea la aplicación de la norma y no que se trate de una acción selectiva a un sector o grupo por las razones que sean, aseguró Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana.
Para poner claridad sugiere como algo “deseable que hubiera una base pública sobre los procedimientos y cuáles terminaron en sanción para poder acreditar con claridad que las multas no están orientadas a ciertos grupos”.
Para Bohórquez, “es muy importante que la Secretaría de la Función Pública utilice las herramientas a su disposición, aunque sabemos que los grandes casos de anticorrupción los lleva la Fiscalía General. Pero en ese proceso hay una diferencia entre imponer una multa y se cobre, porque la Función Pública no es la última instancia en este tema, porque cada empresa puede recurrir al Tribunal de Justicia Administrativa y en última instancia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Luego de que El Sol de México dio a conocer que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impuso multas récord por mil 458.1 millones de pesos en los últimos nueve meses a contratistas, proveedores y licitantes, entre los que destacan Grupo Fármacos Especializados, Clínicas Periféricas y Ambulatorias, Octeo Sen y Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, según la Secretaría de la Función Pública, el director de Transparencia dijo que lo que sería un asunto histórico es que se cobren las multas, no que se impongan.
Según el segundo informe de gobierno, entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020 “se impusieron multas por un monto de mil 458.1 millones de pesos”; corresponden a 252 resoluciones sancionatorias, de las cuales 72 son con multa y 180 con multa e inhabilitación.
En comparación con el último año de gobierno del presidente priísta Enrique Peña Nieto, el gobierno de la Cuarta Transformación incrementó en el primer año 24.3 por ciento el monto de sanción a las empresas proveedoras, contratistas y licitantes del gobierno federal.
Significa que las sanciones en el último año de gobierno de Peña Nieto fueron por mil 166.6 millones de pesos, incluidas las multas a las filiales de Odebrecht y para 2019, el primero del presidente López Obrador, la cifra se elevó a mil 450.3 millones de pesos.
Sobre ello, Eduardo Bohórquez asegura que el segundo tema es “si hay selectividad o no en la aplicación de las multas, es un tema fino y complicado en términos técnicos ante una violación o falta administrativa por el cual la secretaría siempre está obligada a imponer una multa, pero lo que hay que conocer es si la aplicación es más dura con algún sector o grupo en particular
“Entra un tema sensible que es la selectividad en la aplicación de las multas. Se tiene que asegurar que la aplicación de la norma no es selectiva”.
Por lo tanto, lo que se debe analizar es tres variables, que se cubra la cobranza de las multas que no sean revisadas por una instancia distinta a la corte, por la no aplicación selectiva a un sector o a un grupo por las razones que sean. Ahora sí hubo una falta o violación administrativa se tiene que sancionar a la empresa, sea quien sea”.
Recordó que en México históricamente la aplicación de la justicia es selectiva, no es algo nuevo, “lo que es grave es que cuando se oferta una transformación profunda de la vida pública y su dignificación y purificación en términos morales sigan aplicando con selectividad la ley y aprobarse es delicado”.
Indicó que el verdadero cambio histórico es deshacernos de esas prácticas que se aplica selectivamente a quien no se alinea o se opone y no apoya el proyecto de un gobierno.
El punto importante es que “regresen los dineros a las arcas, creo que ahí veremos el otro cambio, orientado a hacer justicia. No es la detención de (Emilio) Lozoya (ex director de Pemex) lo importante sino la determinación del juez lo espectacular. El arranque importante pero más lo es el marcador final del partido”.
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