México en apenas 7 días fue condenado y reconvenido en 5 ocasiones por la Organización la Organización de las Naciones Unidas por ser omiso e incumplido en sus obligaciones en materia de Derechos Humanos; no atiende recomendaciones, no firma protocolos facultativos, no investigar asesinatos de periodistas y mantiene impunidad en la desaparición forzosa.
También lo reconvino al gobierno por no firmar protocolos para la infancia, los derechos al trabajo, la alimentación, la vivienda y la cultura de toda la población, y lo urgió a investigar el asesinato de una madre buscadora, entre otras 5; asícomo restituir los derechos a una estudiante.
En todos los casos, ONU califica al gobierno mexicano de no garantizar los derechos humanos, no ajustarse a los estándares internacionales, mantener altos niveles de impunidad y expresamente pidió frenar los asesinatos de madres buscadoras; de la población vulnerable y de periodistas a quienes no se garantiza su derecho a la libertad de expresión.
Es la primera vez que en tan poco tiempo la ONU y sus oficinas especializadas advierte que el gobierno mexicano, en otros momentos cooperante y promotor de los derechos humanos, hoy no los garantiza.
Destacó su omisiónpara hacer investigaciones exhaustivas por asesinatos y desapariciones, reconvenciones difundidas, a la salida de Guillermo Fernández-Maldonado Castro, de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que concluyó sumisión el 30 de abril motivada por su jubilación y la llegada de Guillermo Fernández-Maldonado, como nuevo representante.
Acción en Ginebra
Entre las reconvenciones a México, apenas ayer el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU difundió su primera decisión sobre una denuncia individual contra México, y concluyó que el Estado incumplió su obligación de llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial de la desaparición de un joven mexicano que fue sustraído de su casa por hombres armados vestidos con uniforme de policía, en Veracruz en 2013; a partir de 2019, ofreció resolver, pero no lo hizo.
Este 5 de mayo llamó al gobierno urgentemente a ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de hace 10 años, para personas que se encuentran en una situación de mayor desventaja y vulnerabilidad social y le pide al Gobierno mexicano que debe cristalizarse a la brevedad posible y de esta forma reforzar el régimen internacional de protección de derechos tan relevantes como los del trabajo, la seguridad social, el nivel de vida adecuado, la alimentación, la vivienda, el vestido, la salud, la educación y la cultura, entre otros.
Madres Buscadoras y estudiantes excluidas
El 3 de mayo el alto comisionado condenó el asesinato de una madre que buscaba a su hijo desaparecido en México. Se trata del asesinato de Teresa Magueyal, una mujer que buscaba a su hijo desaparecido y dijo que desde 2020 hasta la fecha han asesinado al menos a cinco personas defensoras de derechos humanos que buscaban a sus familiares desaparecidos en Guanajuato. ONU-DH llamó a la movilización este 10 de mayo en todo el país en apoyo a las madres buscadoras y pidió frenar los asesinatos, realizar un riguroso análisis de las “circunstancias y patrones” por parte de las autoridades federales y en particular las de Guanajuato y condenó enérgicamente el asesinato de Teresa Magueyal, madre buscadora del colectivo “Una promesa por cumplir” ocurrido este 2 de mayo en la localidad de San Miguel Octopan, municipio de Celaya. Magueyal, buscaba a su hijo José Luis Apaseo desde el 2020 y beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que no impidió el ataque letal. La ONU-DH ha documentado desde 2020 hasta la fecha el asesinato de al menos cinco personas defensoras de derechos humanos que buscaban a sus familiares desaparecidos en Guanajuato.
México no firma los derechos de la niñez
El 30 de abril en el marco del Día del Niño, UNICEF y ONU-DH alientan al Estado mexicano a ratificar el Protocolo facultativo de la convención sobre los Derechos del Niño, considerando que esta es una ocasión de para realmente reivindicas la condición de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, más de 30 millones de criaturas, donde más del 34 por ciento viven en pobreza y el 2 por ciento ha dejado la escuela.
El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) condenó a México como incumplido, según dictamen difundido el 27 de abril, los consideró omiso en el cumplimiento de la ley y los acuerdos internacionales. Porque dejó sin derechos a una mujer discapacitada, impedida de ingresar a la educación superior.
Explicó que el CDPD, después de examinar una queja pudo determinar que México no adoptó las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias, incluida la adopción de políticas en materia de ajustes razonables y de formación de profesionales en centros educativos superiores, y ello dejo sin garantías a una mujer con discapacidad intelectual tuviera acceso a una educación terciaria inclusiva. Explicó que tras examinar la queja presentada por S.M.G.V., de nacionalidad mexicana, que no superó las pruebas de admisión a la licenciatura en artes visuales. La autora alegó que no se le habían proporcionado las modificaciones necesarias y apropiadas para permitirle presentarse a las pruebas en igualdad de condiciones con los solicitantes sin discapacidad, lo que constituía una discriminación. Lo que violó su derecho humano a la educación.
La desaparición de Yonathan Mendoza Berrospe
Desde Ginebra, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, como una primera decisión sobre una denuncia individual contra México, dijo que el Estado incumplió su obligación de llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial de la desaparición de un joven mexicano que fue sustraído de su casa por hombres armados vestidos con uniforme de policía.
El Comité consideró que, dado que había pruebas suficientes de la participación de agentes del Estado, México tenía la carga de probar, mediante una investigación llevada a cabo con la debida diligencia, que la desaparición no fue causada por la participación directa de agentes del Estado o de personas que actuaran con la autorización o la aquiescencia de este. A falta de dicha investigación, el Comité concluyó que la víctima había sido objeto de una desaparición forzada.
“Esta es una decisión importante que, por primera vez, establece y concreta los estándares para la búsqueda diligente de las personas víctimas de desaparición forzada y para llevar a cabo investigaciones efectivas que permitan hacer comparecer a los responsables ante la justicia. Deseamos que las pautas fijadas en este caso proporcionen a México las herramientas necesarias para luchar contra el flagelo de la desaparición forzada, que azota el país, y para poner fin a una situación de casi absoluta impunidad, de la que este caso es solo una muestra”, afirmó Juan José López Ortega, miembro del Comité.
“La investigación debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. No puede depender de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que el Estado parte busque efectivamente la verdad,” dijo el Comité en su dictamen.
Yonathan Mendoza Berrospe tenía 17 años cuando un grupo de aproximadamente seis hombres entró violentamente en su domicilio en la ciudad de Veracruz, donde vivía con su familia, en diciembre de 2013. Los hombres portaban armas de fuego largas y cortas, pasamontañas, botas de policía y chalecos antibalas con la palabra "policía" escrita en la parte delantera y trasera. Al mismo tiempo, más de una docena permanecieron fuera, participando en lo que parecía ser una operación de seguridad. Los hombres golpearon y esposaron al Sr. Mendoza Berrospe y lo introdujeron en una camioneta suburban negra. Según varios testigos, los perpetradores entraron y salieron en varios vehículos; algunos pertenecían a la Policía Naval, dependiente de la Secretaría de Marina, y otros a la Policía Estatal de Veracruz.
Cuando la familia de Mendoza Berrospe acudió al centro de detención de la Policía Naval en Playa Linda para buscarlo, vieron algunos de los vehículos que presuntamente habían participado en su desaparición. La familia no tardó en presentar una denuncia ante las autoridades fiscales del estado y en interponer un amparo ante un juzgado de distrito de Veracruz, impugnando la detención secreta e ilegal.
En junio de 2015, el amparo fue archivado tras no recibir información sobre la desaparición del joven por parte de las fuerzas de seguridad ni de las autoridades fiscales locales, estatales y federales.
Ni la investigación a nivel estatal ni la federal localizaron su paradero, ni llevaron a los responsables ante la justicia. La madre de Mendoza Berrospe llevó entonces el caso ante el Comité en julio de 2021, poco después de que México reconociera la competencia del Comité para examinar comunicaciones individuales sobre hechos bajo su jurisdicción.
El Comité observó que la mayoría de las acciones de investigación mencionadas por el Estado se llevaron a cabo después del 2019, y que la mayoría de las acciones de búsqueda mencionadas por el Estado parte se llevaron a cabo después de 2021, es decir, seis y ocho años después de la desaparición, respectivamente. Así pues, el Comité constató que las autoridades del Estado no procedieron sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial, como exige el artículo 12, ni tomaron todas las medidas necesarias para buscar a la víctima, como exige el artículo 24 de la ConvenciónInternacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Dado que aún se desconoce lo sucedido a Mendoza Berrospe y su paradero, y que las víctimas no han recibido reparación alguna, el Comité también consideró que México había violado su derecho a conocer la verdad y a la reparación.
El Comité pidió a México garantizar una búsqueda e investigación exhaustivas y diligentes en este caso y enjuiciara a los responsables, incluidos los agentes del Estado a todos los niveles, y proporcionara una reparación adecuada a su familia.
“Este caso, como muchos otros en México, está tristemente marcado por la impunidad a causa de la falta de respuesta por parte de las autoridades y de la ausencia de acciones prontas y adecuadas para buscar a la persona desaparecida e investigar su desaparición. Confiamos en que tras esta decisión todas las autoridades del Estado cumplan los compromisos asumidos por México al ratificar la Convención. Con ello, esperamos haber podido contribuir a que se otorgue justicia a las víctimas ayudando al Estado a esclarecer la suerte del Sr. Mendoza Berrospe, averiguar su paradero y sancionar a los autores de su desaparición forzada,” afirmó López Ortega.
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
La ONU recordó a México que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, busca con toda su fuerza a liberar a los seres humanos de la miseria, materializar la justicia, reconocer los derechos iguales de todas las personas de la familia humana, promover el progreso social y elevar su nivel de vida. Dichos objetivos se acelerarían en si México ratifica el Protocolo Facultativo de ese pacto.
Explicó que el Protocolo Facultativo es un tratado de derechos humanos adoptado por la Asamblea General de la ONU en 2008, que entró en vigor el 5 de mayo de 2013, y que permite al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recibir y examinar comunicaciones, también conocidas como denuncias, presentadas por personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas de una violación de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. Además, el Protocolo brinda al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales la posibilidad de realizar una investigación que contenga conclusiones y recomendaciones a los Estados Parte.
Se trata de una oportunidad al alcance del Gobierno mexicano que debe cristalizarse a la brevedad posible y de esta forma reforzar el régimen internacional de protección de derechos tan relevantes como los del trabajo, la seguridad social, el nivel de vida adecuado, la alimentación, la vivienda, el vestido, la salud, la educación y la cultura, entre otros.
Periodistas
El Gobierno de México lanzó una la campaña “De frente a la libertad” junto a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Unión Europea con el objetivo de que todos los sectores de la población se unan para que “la expresión sea libre y no silenciada” en torno a periodistas y defensores de derechos humanos.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el embajador de Suiza en México, Pietro Piffaretti, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a proteger el ejercicio periodístico, donde es necesario incrementar las medidas de seguridad para fortalecer y visibilizar a aquellos que practican la profesión.
El 3 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa, que busca celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la situación de ésta en el mundo, defender a los medios de comunicación y rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en su labor de periodistas, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En 2022, México se apuntó como el “país en paz” más peligroso para la prensa, al concentrar el 20% de los asesinatos de periodistas en el mundo, según Reporteros Sin Fronteras.
La organización Artículo 19 contabiliza un total de 157 periodistas asesinados y 28 desaparecidos en México desde 2000 en posible relación con su labor, de los que 37 han ocurrido durante la presidencia de López Obrador
