PAN espera que la SCJN frene la reforma judicial pese a la supremacía constitucional

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, aseguró que la aprobación de la supremacía constitucional impide la SCJN discuta e invalide algunas de los cambios hechos a la Constitución con la reforma judicial

Javier Divany / El Sol de México

  · domingo 3 de noviembre de 2024

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, sostuvo que con la reforma judicial y la de supremacía constitucional Morena busca concentrar el poder en su partido. Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que la aprobación de la supremacía constitucional no debería impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frene la reforma judicial.

"Confiamos en que este martes, la mayoría de los ministros de Suprema Corte de Justicia declararán inconstitucional dicha reforma", sostuvo.

En este sentido, enfatizó que la supremacía constitucional no elimina las impugnaciones a la reforma del Poder Judicial, y acusó que Morena no solo está utilizando su mayoría en el Congreso para aprobar leyes de manera apresurada, sino que ha iniciado una cacería de brujas contra jueces y ministros.

“Esta situación pone en peligro los derechos fundamentales y podría derivar en la destrucción del sistema democrático”, señaló el líder del blanquiazul.

"Estamos presenciando una política depredadora, infame y absolutista, donde solo una persona y un partido gobiernan, ignorando las instituciones y silenciando a la oposición", afirmó.

Expresó que Morena ha engañado al pueblo, buscando restringir sus derechos y libertades, sometiendo los poderes Legislativo y Judicial a los dictados del Ejecutivo.

"Concentrar todo el poder de la República en manos de una sola persona es condenar a México al fracaso como nación democrática", insistió.

¿Qué implica la supremacía constitucional?

La reforma de supremacía constitucional, también conocida como Ley Anti Amparo, plantea que las enmiendas a la Constitución aprobadas por el Congreso de la Unión no puedan ser impugnadas por la vía judicial.

Con lo anterior, la bancada oficialista impediría que iniciativas como la reforma al Poder Judicial sean invalidadas una vez que reciban el respaldo de dos terceras partes de las cámaras de Diputados y Senadores, así como la validación de al menos 17 congresos locales.