Luego de leer la iniciativa de Ricardo Monreal para regular las redes sociales se puede inferir que el senador está bien asesorado.
La disposición se apega en general a la razón, no busca hiperegular y comprende hasta cierto punto las complejidades a las que se enfrenta. No obstante, me parece se queda chata en su concepción, y más importante, mete al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en una bronca mayor.
Pero vamos por partes.
Al zacatecano le hizo ruido que, tras el ataque insurrecto al Capitolio, Twitter y Facebook tuvieran la capacidad de desterrar de sus redes a Donald Trump sin una intervención gubernamental de por medio.
En su propuesta, Monreal reconoce que las redes sociales cuentan con normas claras sobre los procedimientos para la supresión de cuentas o contenidos, sin embargo –dice– "resulta necesario que dicho procedimiento se regule en ley con el fin de que proceda un recurso administrativo o judicial, esto con el fin de respetar también el derecho humano de acceso a la justicia de los usuarios".
Básicamente, el senador busca que las prácticas ya establecidas por las redes sociales en cuanto a censura estén consideradas por la ley mexicana sin modificarlas demasiado.
Pero, más relevante para esta columna es que añade un mecanismo de resolución de controversias en el que el IFT jugaría el papel de mediador: si las redes sociales cancelan una cuenta o bloquean una publicación, los usuarios pueden acudir a él si éstas no les resolvieron satisfactoriamente una impugnación.
Flaco favor le hace Ricardo Monreal al meter en esta bronca al IFT con sus mil 510 millones de pesos que tiene de presupuesto para el 2021 (2% menos que el año pasado, by the way).
Creo que la principal falencia de la propuesta es que subdimensiona la tarea que propone.
Facebook, YouTube y Twitter no son transparentes sobre cuántas cuentas y post cancelan al año, pero se sabe que están en el orden de los miles de millones.
Puesto que el mecanismo de resolución de controversias propuesto considera "eliminación de contenido", usted podría ir al IFT si Facebook le baja definitivamente una foto dándole pecho a su hijo, si YouTube le bloquea un video escuchando a Maluma, o si Instagram le cancela por poner en duda la calidad de las vacunas anticovid.
Concediendo que no todos los casos llegarían al IFT, claramente el Instituto estaría fuera de su línea de paga atajando sólo una fracción de los reclamos.
A eso hay que sumarle que Monreal quiere que las redes sociales resuelvan cualquier reclamo en menos de 24 horas. Buena suerte.
Asimismo, la propuesta aborda sólo lo concerniente a la cancelación de cuentas y deja fuera los efectos perniciosos que el poder monopólico de las principales redes sociales puede tener en la libertad de expresión y la competencia económica.
Como hemos dicho en este espacio, el problema con las redes sociales no pasa tanto por lo legal como sí lo hace por la falta de competencia ante su inmenso poder comunicativo. Y en esa materia los monopolios tecnológicos sólo pueden desarmarse al norte del Río Bravo.
El senador ha referido que utilizará estas semanas para retroalimentar la propuesta y finalmente presentarla, pero es de esperar que por la complejidad del tema que quiere abordar cualquier regulación se iba a quedar corta.
Monreal y sus asesores lo saben, de otra manera no hubieran redactado en el cuerpo de la iniciativa: "el orden jurídico mexicano actual, al igual que en el resto del mundo, aún no se adapta por completo al avance tecnológico, cuya naturaleza de constante innovación e impulso, hacen que el derecho positivo le 'siga' desde un inevitable rezago".
Veremos qué tan rezagados queremos regular a los bólidos.
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