La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió que el acuerdo por el que se consideran de seguridad nacional e interés público todos los proyectos de infraestructura del gobierno de México, podría ocasionar tratos preferenciales y con ello afectar la competencia y libre concurrencia.
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"El Acuerdo podría generar un régimen regulatorio asimétrico en función de quién realiza los proyectos y obras que, conforme al mismo, se consideren de interés público y seguridad nacional, lo que podría implicar tratos preferenciales en detrimento de la competencia", señaló la Cofece en un comunicado.
El pasado 22 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó un acuerdo por el que se instruye a las dependencias federales a otorgar todos los permisos y autorizaciones requeridos de forma provisional y con vigencia de 12 meses para las obras públicas de la presente administración en no más de cinco días hábiles.
"El acuerdo otorga trato preferencial a una amplia gama de proyectos a cargo del gobierno federal que, conforme al mismo, califiquen como de interés público y seguridad nacional", detalló la Cofece.
Además, apuntó que el hecho de que se otorgue una afirmativa ficta para obtener estas autorizaciones de un año, pone en riesgo que se den permisos para iniciar desarrollos sin que en todos los casos estén plenamente justificadas las aprobaciones provisionales
"Esto podría otorgar trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos", insistió.
También aclaró que el acuerdo no impide cumplir con todas las normas que regulan las licitaciones en los contratos de obra pública conforme a las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
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"En todo caso, debería privilegiarse el uso de la licitación pública a fin de que el Estado esté en posibilidad de conseguir las mejores condiciones de contratación. Las excepciones deben responder a casos específicos y delimitados, donde exista una racionalidad clara de peligro, riesgo o alteración a la seguridad pública conforme a la normatividad aplicable", detalló.
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