Tres de cada cuatro contratos otorgados por el gobierno federal, en lo que va del año, han sido por adjudicación directa. Desde el 1 de enero pasado y hasta el 15 de junio, la administración de Andrés Manuel López Obrador firmó 71 mil 538 contratos para obras, adquisiciones o servicios, de los cuales 54 mil 957 fueron por adjudicación directa con un valor de 26 mil millones de pesos.
Por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria otorgó por adjudicación directa a un contrato de 426.8 millones de pesos para el Servicio de Centro de Datos 4 a Triara Com SA de CV, o para el Servicio de Mantenimiento de los Modelos de Riesgo III paga 422 millones de pesos sin que hubiera un concurso.
Otro caso de adjudicación directa es el del Instituto Mexicano del Seguro Social que por hemodiálisis subrogada pagó en enero 37 millones de pesos al Centro Asistencial Renal. Otro contrato de este tipo del IMSS es que el que dio a Ralca SA por 115 millones de pesos para la compra de medicamentos.
En el tema de medicamentos, el IMSS también otorgó por adjudicación directa a Grupo Fármacos Especializados un contrato de 714 millones por medicamentos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores también ha otorgado contratos por adjudicación directa, como por ejemplo a la empresa Veridos México SA de CV le pagó 27 millones de dólares (unos 517 millones de pesos) por el servicio de producción de pasaportes.
Especialistas coincidieron en que esta práctica viene arrastrándose desde administraciones pasadas, donde la regla es entregar contratos por adjudicaciones directas en lugar de concursarlas trae dos consecuencias: eleva la posibilidad de corrupción y distorsiona el mercado.
“En promedio, de cada cuatro compras del gobierno, tres se hacen mediante adjudicaciones directas… Esto tiene graves efectos para la calidad de compras que tenemos. La evidencia apunta a que 74 por ciento de las compras de gobierno se hacen mediante adjudicación directa, es decir, la adjudicación directa es la norma”, explicó Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad.
Por su parte, la organización México Evalúa, en su estudio “Métrica de Transparencia de la Obra Pública: antídoto vs corrupción”, advierte que otro de los problemas que se padeció en el sexenio pasado fue la falta de transparencia respecto a información de este tipo de contratos.
“Las adjudicaciones directas tienen un mayor potencial de ser discrecionales y, por lo tanto, preocupa que sus documentos sean menos transparentes que los de los procedimientos más competitivos”, dice el documento publicado el sexenio pasado. En estos contratos de adjudicación directa hay diversos servicios, obras o adquisiciones que las dependencias del gobierno federal adquirieron por esta variante de compras. Entre los organismos de gobierno que han utilizado por este tipo de modalidad encontramos a dependencias relacionados con las comunicaciones del país como los servicios de administración portuaria, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aeropuerto y Servicios Auxiliares y Caminos y Puentes Federales.
Otras dependencias con este tipo de contratos son las de salud. Hospitales federales y el ISSSTE han hecho contratos con adjudicación directa de servicios subrogados, o el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA ha subcontratado servicios con terceros.
De secretarías de Estado, existen contratos para rehabilitación, reparación y construcción de puentes y carreteras otorgados pro la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que otorgó contratos para gasolina y de servicios informáticos por dicha modalidad.
Alvarado explicó que uno de los riesgos de la adjudicación directa, en un entorno como el mexicano, es que se abre la puerta a la corrupción mediante la posible entrega de contratos a empresas fantasma que lo único que hacen es venderte la factura, no el servicio o bien requerido.
El especialista reconoció que este problema no es de esta administración, sino que vienen de sexenios pasados. “Este tipo de cosas son como inerciales, son fuerzas muy poderosas, con prácticas dentro de las organizaciones gubernamentales demasiado entrañadas o normalizadas, y se vuelven muy difícil de combatirlas".
Alvarado comentó que otra cuestión negativa del abuso de la adjudicación directa es la alteración del mercado.
La razón es porque, a pesar de que se pueda argumentar que con este tipo de contratación se logró el precio más bajo, no necesariamente es el mejor costo beneficio.