El día de hoy, el Poder Ejecutivo cambia de manos y la transición evoca la necesidad de hacer un balance. Durante estos 6 años, hemos vivimos transformaciones y avances importantes para el país, así como también fuimos testigos de la persistencia de problemas que tendremos que superar en los próximos años.

México ha dado pasos adelante que hay que reconocer y preservar. Nuestro país continúo y consolidó su posición como una economía en crecimiento y con nuevas oportunidades para la inversión: se concretó la necesaria apertura y se fortaleció la competencia en sectores estratégicos para el desarrollo, como el energético y el de telecomunicaciones; al tiempo en que se avanzó en la mejora regulatoria y competencia económica a nivel nacional para facilitar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en la actividad productiva.

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Además, y a pesar de un entorno económico global complicado, vivimos en un México estable en materia económica. Tuvimos 35 trimestres continuos de crecimiento económico y mantuvimos un balance fiscal que ofrece estabilidad. Nuestro país consolidó su fortaleza apostando por finanzas públicas ordenadas y mercados abiertos y más competitivos.

También, México ratificó su apuesta a un modelo de apertura económica. La firma del TPP, la renegociación y modernización de tanto el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) como del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), hoy T-MEC, así como el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación con la Alianza del Pacífico, reafirmaron que México es un país que le apuesta a la libertad para generar bienestar social.

Sin embargo, estas bases que son indispensables de cara al futuro, claramente no han sido suficientes para construir un crecimiento económico más incluyente. Junto a este legado de estabilidad, también persiste una realidad de inseguridad, violencia e impunidad que detiene el desarrollo de la sociedad mexicana, dificulta la apertura y operación de las empresas, y afecta la generación de empleos y oportunidades para las personas en el país.

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Es necesario que reconozcamos la debilidad de nuestro Estado de derecho y que trabajemos para imponer un pleno imperio de la ley. La impunidad y la corrupción son dos desafíos que no solo afectan la actividad productiva en general, sino que acentúan la desigualdad y merman la confianza de los mexicanos en las instituciones y el resto de la sociedad. México tiene que hacer que el cumplimiento de la ley y el respeto absoluto a los derechos individuales sean el motor del crecimiento económico para combatir la pobreza y generar un desarrollo verdaderamente compartido y sustentable.

En los próximos años, México debe cumplir con las altas expectativas que tenemos los mexicanos. Y, para lograrlo, tenemos que recuperar lo que ha funcionado y corregir donde no se han logrado resultados. La única ruta hacia un México con mayor bienestar y más incluyente es crear un clima de negocios propicio para la inversión y el empleo.