La austeridad republicana dejará de ser un tema de memorándums emitidos desde las secretarías de Hacienda y de la Función Pública si el Senado aprueba un proyecto de decreto en la materia que además otorga al Presidente la facultad de decidir el destino de los ahorros generados por tales medidas.
La Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana, y se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, valida las medidas de ajuste que ordenó el Presidente Andrés Manuel López Obrador mediante un memorándum con fecha del 3 de mayo.
Ese documento establecía recortes de 30 por ciento en rubros como viáticos nacionales y extranjeros para servidores públicos, en comunicación social, en servicios de telefonía celular, así como la eliminación de las direcciones adjuntas en la estructura de gobierno y la eliminación de plazas en las oficinas de representación en el extranjero.
“De acuerdo a nuestras prioridades, hemos decidido destinado todo lo ahorrado con estas medidas a incrementar los beneficios fiscales adicionales que se otorgarán a PEMEX con el objeto de fortalecer esta gran empresa estratégica de la Nación”, remataba el memorándum firmado por el jefe del Ejecutivo, un adelanto de la facultad que le otorga el proyecto de decreto que hoy discute el Senado.
“Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por Decreto determine el Titular”, dice la minuta de la Ley Federal de Austeridad Republicana que comenzará hoy su discusión en comisiones del Senado de la República.
El proyecto de decreto refiere en su artículo nueve que serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados mediante el tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la Hacienda Pública. La nulidad, precisa, sólo se podrá declarar por la autoridad judicial competente.
El decreto también se refiere a una práctica que el Presidente ha definido como inmoral , aunque no ilegal. Con los cambios a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se prohíbe a los servidores ocupar cargos en empresas a las que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información en el ejercicio de sus funciones, en tanto no transcurran al menos cinco años.
Para garantizar el cumplimiento de estas medidas se formará un Comité de Evaluación, que encabezarán de manera alternada las secretarías de la Función Público y de Hacienda.
Este organismo determinará los indicadores de desempeño para evaluar dicha política de austeridad.