El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, la reforma educativa que establece la obligatoriedad de la educación inicial y superior, y desaparece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Asimismo, elimina las evaluaciones que afectan la permanencia de los maestros en el servicio y establece que los derechos laborales se regirán por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución. En ese sentido, el coordinador del PAN, Juan Romero destacó que con el artículo 16 transitorio “se corre el riesgo” por el alcance de la interpretación, de regresar a la venta de plazas, ya que puede ser motivo de litigios. Por eso votaría en contra.
“Deja en riesgo el régimen especial …. (que) el proceso de iniciación y promoción no fuera por mérito, sino por criterio en donde pudieran estar influyendo los sindicatos. La manzana envenenada es la posible interpretación fuera de la ortodoxia y es muy lamentable, es una manzana envenenada, en el caso del Décimo Sexto transitorio”.
El dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Carta Magna, mismo que fue votado a favor con 381 votos, 79 en contra y 2 abstenciones.
El documento deja para las leyes secundarias el sistema para la carrera de los maestros, relacionado con la admisión, promoción y reconocimiento; además, en el artículo décimoquinto transitorio se establece por primera vez un fondo especial de recursos para entidades federativas y municipios relacionado con las universidades.
Para el diseño de los planes y programas de estudio, se contempla la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de diversos actores sociales involucrados en la educación.
Se establece la educación inclusiva (discapacidad) y se eliminan barreras para hacer frente a la discriminación sistemática y estructural de poblaciones vulneradas. También en el artículo décimoquinto transitorio se establece un fondo federal especial que asegure a largo plazo, los recursos económicos para la educación superior.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal, destacó que se abroga el texto constitucional surgido de la reforma educativa del 2013, así como la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación con todos sus efectos que tanto dañaron al magisterio nacional. Se eliminan las evaluaciones punitivas; para el ingreso y promoción, se ponderan los conocimientos, aptitudes y experiencia docente; se eliminarán los exámenes estandarizados y se reconoce el derecho de las maestras y los maestros, a la capacitación y actualización; se fortalece a la educación normal reconociendo en ella su papel fundamental para la formación docente.
Los planes y programas de estudio, ahora tendrán un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género. Esto es un gran avance, porque desde la escuela queremos impulsar verdaderas acciones afirmativas para cerrar la brecha entre hombres y mujeres.
Se fomentará el estudio de la ciencia, las humanidades, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, tecnología e innovación, las lenguas extranjeras e indígenas de nuestro país, las artes, la educación física, el deporte, la promoción de estilos saludables, la literacidad, el cuidado del medio ambiente y la cultura de paz.
