Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), confirmó esta mañana que tres funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) serán cesados debido a su presunta participación en la Estafa Maestra.
De acuerdo con la SFP los tres involucrados, Miguel Ángel Lozada Aguilar; director, Héctor Salvador Salgado Castro, secretario operativo y comercial y el gerente de operación financiera Luis Galván Argos, todos miembros de Pemex Exploración y Producción, desviaron recursos a través de 25 convenios de Pemex con once instituciones públicas de nivel superior que resultaron irregulares.
Los servidores que tenían la responsabilidad de verificar que se cumplieran las condiciones de ley y los términos convenidos dejaron de lado su función, y los auditores que debieron monitorear el desempeño de los responsables administrativos fueron limitados y omisos.
El primero de los casos compromete a la Universidad Popular de la Chontalpa ubicada en Cárdenas, Tabasco. Celebró un convenio con Pemex que rebasó su tope de 140 millones de pesos, al resultar en 145 millones.
La segunda carpeta de investigación relaciona al Instituto Técnico Superior de Comalcalco, también en Tabasco, con el cual se superó por 19 millones el convenio, siendo de 99 millones de pesos.
Ambas universidades subcontrataron a diversas empresas para cumplimentar con el trabajo por el cual firmaron sus contratos, dañando así el patrimonio público y el erario. Algunas de las empresas beneficiadas tenían a los propios funcionarios o allegados suyos como socios.
Con base en los potenciales riesgos en el manejo de los recursos, la SFP ha iniciado tres investigaciones en materia de evolución patrimonial y auditará al órgano de control de Pemex Exploración y Producción para analizar si incumplió en sus funciones de investigación.
Por lo que la SFP exhorta al comité de Auditoría de Pemex que haga lo propio a nivel interno en tanto que la Función Pública también auditará los convenios celebrados después de 2013 de los que se tenga sospecha de pertenecer a la Estafa Maestra.
Igualmente habrá auditorias aleatorias a contratos con características similares para identificar nuevos posibles casos.
Además, la Fiscalía General de República las denuncias correspondientes que deriven de las mencionadas acciones.
La titular de la SFP advirtió que el daño al patrimonio y erario público puede superar los siete mil 667 millones de pesos.