Diputados federales de las Comisiones acordaron la ruta para crear una Ley General de Consulta de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes para que estos grupos poblacionales sean informados y consultados sobre proyectos y programas gubernamentales que pudieran afectar sus territorios y comunidades.
En reunión virtual, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados, aprobaron el procedimiento para crear dicha legislación. Además avalaron un documento inicial para enriquecerlo y que sirva de punto de partida para esta Ley de Consulta. Durante la mesa de trabajo virtual entre ambas comisiones, los legisladores coincidieron en que es una deuda con los pueblos originarios y afrodescendientes darles voz para que decidan sobre sus territorios.
Es de destacar que, con la eventual creación de esta Ley -la cual cuenta hasta el momento con cinco iniciativas distintas-, se propone: reglamentar el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, a través de un proceso transparente, en el que puedan expresar su opinión en torno a los proyectos de obra pública que afecte sus tierras y territorios o los recursos naturales existentes en ellos.
Así también, busca que estas comunidades puedan ser informados y consultados respecto a la expropiación de tierras de núcleos agrarios que pertenezcan a dichos grupos sociales, así como para el otorgamiento de concesiones y permisos para la explotación de recursos propiedad de la nación, ubicados en sus tierras y territorios.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo, expresó que el Estado se encuentra en una deuda histórica con sus propias raíces que no puede seguir siendo ignorada y tiene que ser saldada en reconocimiento con la composición pluricultural del país.
A su vez, la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, expresó que, “la idea es tener un predictamen, el cual tendría que consultarse para que una ley así cubra los requisitos que establecen los estándares internacionales en la materia”.
Concluyó que el emitir esta Ley de Consulta sería saldar también parte de esa deuda histórica que el Estado mexicano tiene con las comunidades indígenas”.
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