El Senado busca frenar al crimen al organizado al aprobar reformas que prohíben la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos o imagen.
El robo con violencia a transportista ha tenido un incremento a partir de junio del 2019. En ocho de cada diez asaltos se lesiona, secuestra, tortura o se asesina al conductor de la unidad de autotransporte.
Además, el robo a autotransportes se incrementó de 80 a 90 por ciento en los últimos cinco años y causó pérdidas por 100 mil millones de pesos al año.
Los senadores avalaron la adición de un artículo 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y agregar un artículo 168 ter al Código Penal Federal, para castigar con pena de 12 a 15 años de prisión.
Un bloqueador o inhibidor de señal es un dispositivo de radiofrecuencia que intencionalmente transmite señales con el objeto de impactar, bloquear, interferir o saturar los servicios de comunicaciones de usuarios móviles tales como: llamadas de celular, mensajes de texto, señales de posicionamiento GPS, servicios de datos, redes Wi-Fi, entre otras.
Los bloqueadores de señales son usados por los grupos delincuenciales para el robo de autotransportes y mercancías, pues desactivan los GPS.
“La interrupción de servicios de telecomunicaciones debe ser considerada como una situación absolutamente excepcional de labores de seguridad nacional y pública; ello incluye a los centros de inserción’’, establece la reforma.
Si este delito, se advierte en el proyecto aprobado, es cometido por servidores públicos, sin autorización expresa escrita debidamente acreditada por su superior inmediato, se le impondrá la pena de 15 a 18 años de cárcel.
La reforma también señala que estos equipos serán asegurados en términos de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y posteriormente deberán ser destruidos en su totalidad.
El panista Juan Antonio Martín del Campo destacó que los inhibidores de señales son utilizados por los grupos de la delincuencia organizada para incomunicar a los operadores de autotransporte de carga, a fin de robarles las mercancías que trasladan por las autopistas de nuestro país.
La senadora de Morena, Lucía Trasviña, dijo que las modificaciones dotan al Estado de herramientas para potenciar la seguridad, ya que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica el robo a autotransporte se incrementó de 80 a 90 por ciento en los últimos cinco años y causó pérdidas por 100 mil millones de pesos al año.