Este viernes avanzó en la Comisión de Puntos Constitucionales la aprobación, en lo general y en lo particular, del dictamen de reforma constitucional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de simplificación administrativa, con el cual se ordena la desaparición de organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social (Coneval).
Con 22 votos a favor, 16 en contra, al filo de las 18:00 horas de este viernes fue turnada al pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de reforma de López Obrador que desaparece, además del Inai y al Coneval, a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
El documento aprobado, estipulada la desaparición constitucional de dichos órganos y justifica su extinción, al expresar que “carecen de legitimidad democrática, pues fueron creados como respuesta a la venta de paraestatales y a las recomendaciones de los organismos internacionales para ‘descentralizar’ a la Administración Pública Federal (APF) mexicana”.
También plantea que las funciones de los organismos autónoma en cuestión, sean cubiertas por secretarías de Estado, como la de Energía (Sener), de Educación Pública (SEP), de la Función Pública, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Durante el debate, los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sostuvieron a través de más de 70 reservas que estos órganos autónomos sirven para regular diferentes sectores, ya sea en materia energética, en materia telecomunicación, otorgar concesiones, promover competencia, evitar acciones monopólicas y, proteger, sobre todo, los derechos de los usuarios a conocer y rendir cuentas de la acciones gubernamentales.
Sin embargo, el bloque oficialista de Morena y aliados sostuvo que la existencia de estos organismos sirvieron para que hubiera mayor influencia de actores privados en las decisiones del Ejecutivo federal.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los trabajadores de organismos autónomos no debían preocuparse por estas reformas, los legisladores de Morena, como la diputada Adriana Bustamante, arremetieron en contra de los burócratas y acusaron que los servidores públicos profesionales de carrera contratados en los organismos autónomos son “una élite” y “pertenecen a una burocracia dorada”, la cual no desean que continué.
Paradójicamente, sostuvo que los derechos de los trabajadores que están en estos organismos no serán afectados.
Los legisladores morenistas también prometieron que con esta reforma, las funciones de transparencia y rendición de cuentas se seguirán llevando a cabo y la regulación de los precios de energía “estarán en manos del Ejecutivo federal”.
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Los diputados oficialistas insistieron en que los ahorros presupuestarios que genere la reforma serán reorientados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el fin de igualar las pensiones de los mexicanos al último salario que recibieron, con un tope de casi 17 mil pesos mexicanos.
El legislador priista Rubén Moreira advirtió que más allá de una cuestión de austeridad, lo que busca Morena con esta enmienda es generar un “supremo poder conservador”.
Por su parte el diputado opositor del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández dijo que no se trata de austeridad la reforma propuesta por López Obrador, sino, de una venganza de la Oficina presidencial en contra del Inai, por revelar información sobre actos de presunta corrupción en el círculo cercano del presidente.
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Agregó que con lo que gastaron en obras faraónicas en este sexenio, se pudieron haber mantenido a los organismos autónomos por 210 años.
La oposición advirtió que al desaparecer los órganos autónomos como la Cofece, se dará “rienda suelta” para que los grandes actores económicos tengan “manga ancha” para depredar a los que deseen competir con ellos. Lo que provocará que cualquier grupo empresarial tenga que aliarse necesariamente al gobierno en turno.