Las promesas de austeridad de Andrés Manuel López Obrador están a un paso de convertirse en ley y ser obligatorias. En comisiones, sin el aval de la oposición, ayer avanzó la Ley de Austeridad Republicana, que obliga a los tres órdenes de gobierno y a los organismos autónomos a reducir su gasto corriente, con el objetivo de lograr ahorros para el “desarrollo productivo en beneficio de los que menos tienen”.
El proyecto, que al cierre de edición estaba por subirse al pleno, prohíbe la pensión a expresidentes, una de las promesas clave de López Obrador como candidato durante 18 años y bloquea el nepotismo hasta el cuarto grado de parentesco. Y elimina la protección del secreto o reserva de fiduciarios de los fideicomisos para mejorar su fiscalización.
Castiga el tráfico de influencias tanto nacionales como en extranjero, por tanto nadie puede asociarse con inversionistas, contratistas;; se prohíben plazas con nivel de dirección general adjunta; se reduce la publicidad y la propaganda y queda prohibido contratar seguros de ahorro con recursos del Estado.
La futura ley establece la cancelación automática de los contratos con particulares cuando se compruebe vía judicial que fueron obtenidos a través de prácticas irregulares o corrupción.
La negociación para alcanzar estos votos no fue fácil. Incluso, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, acudió al Senado para reunirse con todas las fracciones parlamentarias para convencerlos de la necesidad de aprobar este proyecto.
Se prevé que una vez que se apruebe, el Ejecutivo lo publique rapidamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.
El mayoriteo de Morena en comisiones molestó a la oposición que frente a esto, bloqueó otros proyectos en discusión como la creación del Organismo de Mejora Continua de la Educación. Acusaron a Morena de hacer un cochinero y desaseo en el proceso legislativo y una falta de respeto a la división de poderes por la injerencia del gobierno federal, lo cual también, advirtió el Partido Acción Nacional (PAN), provocarán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)y diversos amparos, como previó el partido blanquiazul.
Como informó El Sol de México el dictamen destaca que todos los ahorros generados serán destinados a proyectos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que “por decreto se determine’’. Para ello se tiene que adicionar un segundo párrafo al artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Cabe señalar que a su entrada en vigor, cada ente público deberá emitir un código de conducta para sus trabajadores en concordancia con esta ley y cada servidor público deberá protestar cumplirlo.