El Tribunal Electoral de Baja California dejó sin modificaciones la constancia de gobernador electo de Jaime Bonilla Valdez, con lo que de momento se deja en dos años su periodo al frente del Ejecutivo local.
De manera unánime, los magistrados electorales desecharon la impugnación que Bonilla Valdez había interpuesto contra la emisión de la constancia de mayoría, esto porque el político desistió del recurso.
En la sentencia, que estuvo a cargo de la magistrada presidente del Tribunal, Elva Regina Jiménez Castillo, se explica que Bonilla en principio Bonilla Valdez interpuso una impugnación debido a que la reforma electoral de 2014 fue modificada por el Congreso de Baja California, pero como ésta sigue sin ser publicada, sigue sin ser ley, por lo que no hay razón para estar en contra de ella.
Ante esta situación el mismo Bonilla presentó un desistimiento el 6 de septiembre, el cual fue aceptado por los magistrados quienes mantuvieron los términos de la constancia como hasta ahora, es decir, con un periodo de dos años.
“En el desistimiento se entiende como una declaración de voluntad por abandonar el recurso intentado”, dijo la magistrada presidente al explicar su proyecto ante el pleno de la Sala.
“La finalidad del proceso ha quedado sin controversia de la justicia en el caso, por lo que no hay controversia sobre la cual pronunciarnos”, añadió el magistrado Leobardo Loaiza.
El magistrado Loaiza recordó que no es la primera vez que tanto el Tribunal Electoral de Baja California se pronuncia sobre el tema, y en los casos anteriores, el tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (última instancia en materia electoral) se pronunció porque el periodo de la próxima gubernatura debía ser de dos años.
Sin embargo, aún quedan varias instancias que den un veredicto sobre la llamada Ley Bonilla. Uno de ellas es la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto sobre si desde las leyes electorales hay una falta.
Hay que recordar que el Congreso de Baja California aprobó una modificación a la Constitución local para que el periodo de la gubernatura que inicia en noviembre de 2019 termine en 2024, y no en 2021 como estaba originalmente.
Esto fue considerado por la oposición y el sector empresarial como una violación a la Constitución federal que establece que cualquier cambio a las reglas electorales debe de ser a más tardar tres meses antes del inicio del proceso electoral, y no después de las elecciones como ocurre en este caso.
Por esto, Coparmex Tijuana está esperando a que se publique la reforma constitucional para interponer un recurso ante un juez federal, el cual esperan que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si contraviene la Carta Magna.
También están en contra de la Consulta Ciudadana que aprobó el Congreso de Baja California, ya que de nueva cuenta, estaría violando la norma ya que la Constitución local prohíbe este tipo de ejercicios cuando el tema sea electoral.
Esta impugnación también se presentó ante el Poder Judicial para que determine si es legal o no esta consulta.
Este tema ha generado una polémica también en los partidos de oposición.