El Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión criticó la contratación formal de 462 personas que desempeñaban funciones de limpieza y que con anterioridad estaban contratados mediante la modalidad de subcontratación u outsourcing.
Asimismo, cuestionó que, ante la creación de estas 462 plazas, la Cámara de Diputados incumple con la igualdad de condiciones de los trabajadores que con anterioridad prestan sus servicios bajo el régimen de honorarios y, por lo tanto, adelantó que buscará los mecanismos legales para que igual número de plazas sean otorgadas a los trabajadores que no cuentan con seguridad en el empleo.
El sindicato recordó que en diversas ocasiones han solicitado que se otorguen los nombramientos de base a todos los servidores públicos contratados como operativos de confianza, pero que desempeñan funciones ajenas a su nombramiento, concluye el sindicato.
Además de esta crítica a la contratación que anunció el pasado lunes el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado y Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja, diversos trabajadores de limpieza contratados acusaron que no se incluyó a todos los afanadores y afanadoras. Incluso se despidió a 38 de ellos, para que las plazas fueran ocupadas por familiares de los líderes de afanadores o gente a fin al partido del trabajo, grupo parlamentario que gestionó la contratación de los trabajadores.
Ayer martes, diversos trabajadores de confianza elaboraron una lista para que también sean tomados en cuenta para formar parte del personal de base de San Lázaro e iniciaron negociaciones con Reginaldo Sandoval, líder petista en la Cámara baja para analizar su contratación.
Este gremio señaló que, si bien es loable la actitud de la Cámara de Diputados al buscar terminar con el outsourcing, también externó su “rotunda inconformidad” porque, a decir de este sindicato, la Cámara incumplió durante años con la Ley Federal del Trabajo, al mantener a estas personas bajo este régimen y, no haberles otorgado contrato de base a los 6 meses de haber iniciado labores, como lo estipula la ley.
Señalan que la cámara también trastocó la ley laboral, debido a que no se atendió la opinión del sindicato para la ocupación del 50 por ciento de las plazas y “al parecer se les está condicionando su libertad de asociación sindical para su contratación”, señala el sindicato que encabeza Jesús Salvador Aguilar Aguilar.
