/ martes 13 de agosto de 2024

Comisión de diputados avala prisión preventiva oficiosa para extorsión, narcomenudeo y factureras

La oposición se manifestó en contra de la reforma ya que la consideran contraria a la sentencia de de la CIDH en la que ordenó a México eliminar la prisión preventiva de la Constitución

Con 26 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para agregar al artículo 19 de la Constitución delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Con anterior, la extorsión, narcomenudeo, la producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados, defraudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados implicarán cárcel en automático.

La oposición se posicionó en contra de la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues advirtieron que va en contra de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó a México eliminar la prisión preventiva de la Constitución, al considerar que la aplicación de esta figura viola los derechos a la integridad y libertad personal, garantías judiciales e igualdad ante la ley.

El diputado Braulio López Ochoa, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, calificó a la reforma del presidente como populismo punitivo, el cual dijo que pretende dar la impresión de que se combate a la inseguridad cuando no es el caso.

“¿Que es está figura compañeras y compañeros? Populismo punitivo. Se quiere crear una falsa sensación de combate a la inseguridad que no se está haciendo y que se puede hacer si justo se hacen las modificaciones pertinentes, reformas fiscales, reformar el sistema penitenciario y muchas otras cosas”, dijo.

El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, advirtió que la reforma afectará principalmente a personas pobres, las cuales, dijo, recurren muchas veces al narcomenudeo por necesidad.

“Van a meter a miles de pobres (a la cárcel) porque los que andan vendiendo la droga en las calles, en la tiendita son pobres, esos son pobres y lo hacen seguramente por necesidad, esos es a los que van a meter a la cárcel”, dijo el diputado Moreira.

Los diputados de Morena y aliados defendieron la reforma, pues dijeron que evitará la fuga de presuntos criminales.

“No podemos ir en la ingenuidad de dejar en libertad para que después regrese, si es que regresa, a comparecer ante el juez a un potencial delincuente en temas tan delicados y tan graves como es el relativo al fentanilo que daña de manera importante a la salud física de quienes lo consumen”, dijo el diputado Marcos Medina, de Morena.

La oposición presentó reservas para modificar el dictamen, sin embargo, todas fueron desechadas. En concentraste, la reforma que presentó el diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, para que los jueces no interpreten la norma sino que la apliquen de manera literal si fue aceptada.

“Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”, se lee en el texto añadido.

Con 26 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para agregar al artículo 19 de la Constitución delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Con anterior, la extorsión, narcomenudeo, la producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados, defraudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados implicarán cárcel en automático.

La oposición se posicionó en contra de la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues advirtieron que va en contra de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó a México eliminar la prisión preventiva de la Constitución, al considerar que la aplicación de esta figura viola los derechos a la integridad y libertad personal, garantías judiciales e igualdad ante la ley.

El diputado Braulio López Ochoa, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, calificó a la reforma del presidente como populismo punitivo, el cual dijo que pretende dar la impresión de que se combate a la inseguridad cuando no es el caso.

“¿Que es está figura compañeras y compañeros? Populismo punitivo. Se quiere crear una falsa sensación de combate a la inseguridad que no se está haciendo y que se puede hacer si justo se hacen las modificaciones pertinentes, reformas fiscales, reformar el sistema penitenciario y muchas otras cosas”, dijo.

El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, advirtió que la reforma afectará principalmente a personas pobres, las cuales, dijo, recurren muchas veces al narcomenudeo por necesidad.

“Van a meter a miles de pobres (a la cárcel) porque los que andan vendiendo la droga en las calles, en la tiendita son pobres, esos son pobres y lo hacen seguramente por necesidad, esos es a los que van a meter a la cárcel”, dijo el diputado Moreira.

Los diputados de Morena y aliados defendieron la reforma, pues dijeron que evitará la fuga de presuntos criminales.

“No podemos ir en la ingenuidad de dejar en libertad para que después regrese, si es que regresa, a comparecer ante el juez a un potencial delincuente en temas tan delicados y tan graves como es el relativo al fentanilo que daña de manera importante a la salud física de quienes lo consumen”, dijo el diputado Marcos Medina, de Morena.

La oposición presentó reservas para modificar el dictamen, sin embargo, todas fueron desechadas. En concentraste, la reforma que presentó el diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, para que los jueces no interpreten la norma sino que la apliquen de manera literal si fue aceptada.

“Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”, se lee en el texto añadido.

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