Desde su creación en febrero de 2018, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), opera sin reglamento Interior, manuales de procedimientos, ni documento normativo que establezcan funciones, atribuciones y actividades por desarrollar. En todo este tiempo, hubo adjudicaciones sin licitación, falta de facturas, contratación de personal sin titulación, inventarios incompletos, y un monto por aclarar por el orden de los 10 millones 238 mil 723 pesos.
Estas fueron algunas de las inconsistencias que detecto la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2019 al primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se permitió que la comisión, dependiente de la Secretaria de Gobernación, no realizará informes respecto a resultados de las comisiones locales de búsqueda de los estados, por lo que no hay claridad si los recursos que les fueron asignados, se utilizaron de manera correcta.
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La auditoría practicada, se centró en las partidas presupuestales 12201 “Remuneraciones al personal eventual” y 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios". En el primer caso, la autoridad fiscalizadora encontró que 69 servidores públicos no presentaron su título y cédula profesional ni documento alguno que acredite el nivel de estudios que requiere el puesto.
En algunos casos tampoco hay constancia de no inhabilitación de un servidor público, certificado médico y documentos básicos requeridos para integración de expedientes de nuevo ingreso.
Con el análisis de la documentación, no se proporcionó el soporte documental consistente en 47 facturas de la Declaración de Obligaciones de Contribuciones de Seguridad Social, 11 oficios de solicitud de suficiencia presupuestaria para el pago de seguro de retiro colectivo, 11 oficios de pago a terceros para el pago de seguros (Qualitas) y 19 oficios para el pago de seguro de vida colectivo (Banorte).
La ASF detectó que la CNBP no cuenta con una metodología para identificar, analizar, evaluar y administrar riesgos, mediante un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, es decir, “las operaciones o actividades no están reguladas por algún órgano de decisión (Junta de Gobierno o Comité), ni cuentan con las bases para vigilar el desarrollo y ejecución de las actividades de control.
Por ello, durante el ejercicio de 2019, la comisión no realizó un informe o reporte de los resultados obtenidos respecto de la operación de comisiones locales, ni contó con un sistema informático para la Gestión Programático-Presupuestaria de los subsidios transferidos a las entidades federativas.
Respecto al presupuesto, se detectó que de los 400,792.0 miles de pesos que le fueron asignados, 193 mil 215 fueron para ejecución y seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas y 207 mil 576 pesos a subsidios.
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“Dicho presupuesto registró ampliaciones por 1 millón 826 mil 859 pesos, y reducciones por un millón 983 mil 024 pesos, de lo que resultó un presupuesto modificado y ejercido por 244 mil 626 pesos”.
La Auditoria Superior de la Federación, encontró que en Coahuila para la construcción de un centro de identificación Humana, el cual tuvo un costo de 53,043.0 miles de pesos el edificio opera al 5.0% de su capacidad en virtud de que dicho centro únicamente se encontraba laborando con una parte del personal administrativo, por lo que no se cumplen los objetivos de la inversión pública.
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 9 millones 947 mil ,341 pesos por pagos de trabajos que no se ejecutaron en cimentación, muros, cadenas, castillos, estructura metálica, azoteas, pintura, banquetas, herrería, cancelería de aluminio, voz y datos, sistema de pararrayos, rotulación y señalización, red general de agua y drenaje, sistema de paneles solares, cisterna para riego, obra exterior etc.
En total, se descubrió que hay 10 millones 238 mil 723 pesos pendientes por aclarar.
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