El acuerdo logrado entre gobierno, empresarios y sindicatos sobre el outsourcing es acabar con la simulación, con las prácticas irregulares que afectan a la hacienda pública, a las cuotas de seguridad social, que han vulnerado las conquistas laborales y que han precarizado los salarios, comentó el senador Napoleón Gómez Urrutia.
Se avanza, dijo, hacia una mayor transparencia, democracia, a crear una mentalidad empresarial, financiera, de pagar los impuestos y contribuciones a que están obligados en México como en cualquier lugar el mundo.
Por, añadió, dicho acuerdo es trascendental, histórico y visionario, pues representa un paso importante en la justicia laboral y en la defensa de los derechos de los trabajadores.
El presidente de la Comisión del Trabajo pidió el apoyo de los legisladores para que la iniciativa sea aprobada durante este periodo ordinario de sesiones, que concluye el 30 de abril, pues considera que es tema de trascendencia nacional que va a cambiar todas las relaciones productivas y, por supuesto, todo el mundo del trabajo.
Gómez Urrutia destacó el compromiso del Presidente de la República para mejorar las condiciones salariales y laborales de la clase trabajadora, y dijo que de ahí la importancia de la iniciativa que envió a la Cámara de Diputados sobre el outsourcing, esquema que prácticamente tiene en la indefensión a poco más de ocho millones de personas.
El también dirigente sindical recordó que desde hace casi dos años presentó una iniciativa en el Senado de la República para regular este esquema, que fue avalada en comisiones unidas desde el 4 de diciembre del 2019, pero enfrentó una fuerte oposición empresarial que impidió que avanzará y se turnará al pleno para su aprobación.
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Sin embargo, precisó que con la iniciativa presidencial y el acuerdo alcanzado se conserva el 90 por ciento del espíritu de su propuesta, ya que pondrá fin a la simulación laboral, se van a respetar los derechos de los trabajadores y registrados conforme a su salario y prestaciones reales; se va a evitar la fuga por el no pago de cuotas que corresponde a las empresas en los órganos públicos de salud y de vivienda, así como en las pensiones y las Afores.