De aprobarse la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, México incumplirá diversos compromisos internacionales, lo que puede derivar en demandas contra Estado mexicano, advirtió la especialista en temas energéticos, Julia González Romero.
“No se puede olvidar que la gran mayoría (de los tratados internacionales firmados y ratificados por México) tiene cláusulas que pueden derivar en demandas al Estado mexicano por incumplimiento”, dijo durante la realización del sexto foro del Parlamento Abierto para el análisis de la iniciativa de reforma al sector eléctrico.
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La especialista consideró que “si la iniciativa se aprueba en sus términos es posible que el país deba pagar cerca de 70 mil millones de dólares para compensar a los inversionistas que no pudieron desarrollar sus proyectos en la nación. Este monto representaría 20 por ciento del gasto previsto en el Presupuesto de Egresos 2022”.
A favor de la reforma habló la académica Guadalupe Correa Cabrera, quien acusó que consultores y cabilderos que participaron en la aprobación de la reforma energética de 2013 forman parte o tienen relaciones con plataformas de producción de energías y facilitadores de grupos de interés en este sector que están en contra de la reforma del presidente López Obrador. “Ellos tienen un interés importante en que esta reforma no se apruebe”, aseguró.
Por su parte, Luis Manuel Hernández González, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, expuso que se ve un potencial de retroceso en el sector si se avala la iniciativa. Mientras tanto, el analista Héctor Alonso Romero Gutiérrez opinó que si se da todo el poder energético del país a la iniciativa privada podría derivar en un alza en los precios, lo que haría entrar en crisis a México. “Esta reforma genera estabilidad y continuidad en los suministros y en los precios”.
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