Por unanimidad, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma que reconoce en la Constitución a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión aprobó la séptima reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió el 5 de febrero al Congreso, misma que también reconoce el derecho de comunidades y pueblos indígenas a ser consultados cuando reformas o proyectos impacten su vida y territorio.
“Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: VIII-B. Ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar, cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre las medidas legislativas o administrativas que vayan a adoptarse”, se lee en el texto agregado a la Carta Magna.
La reforma establece que cuando la medida administrativa que se pretenda adoptar beneficie a un particular, el costo de la consulta debe ser cubierto por este; y que el particular que obtenga lucro de la medida administrativa debe otorgar a los pueblos y comunidades indígenas un beneficio justo y equitativo, en los términos que establezcan las leyes aplicables.
La diputada Irma Juan Carlos, de Morena, afirmó que la reforma salda la deuda histórica que tiene el estado con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y que es producto de años de lucha de los pueblos que han resistido discriminación y despojo de su territorio e identidad.
“Es un día histórico para nosotras y nosotros, un día histórico porque después de muchos años de lucha, después de siglos de espera por fin esta Cámara de Diputados en comisiones estamos votando este tan importante dictamen (...) Por fin vamos a saldar esta deuda histórica que tiene el estado de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”, dijo.
Aunque votaron a favor de la reforma, el PAN aseveró que no cubre todas las necesidades de los pueblos indígenas y se pronunció por una reforma más profunda.
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“Está reforma se queda corta (…) está mocha, está incompleta, que la que ellos entregaron y consensuaron con todo este trabajo que llevaron a cabo que incluía muchos más puntos que beneficiaban a sus pueblos, por lo que evidentemente como grupo parlamentario tenemos que apoyar este pequeño paso que se da, pero también es nuestra obligación dejar de manifiesto que no es una reforma que cubra todas las necesidades de los pueblos indígenas”, dijo la diputada Paulina Rubio.
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