La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará la constitucionalidad del acuerdo presidencial sobre la participación, hasta marzo de 2024, de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

La ministra Margarita Ríos Farjat admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Gobierno de Michoacán, encabezado por Silvano Aureoles y con la que se busca invalidar el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado el pasado 8 de mayo.

“Se tiene por presentado al promovente y se admite a trámite la demanda que hace valer, con reserva de los motivos de improcedencia que se puedan advertir al momento de dictar sentencia. Se requiere al Poder Ejecutivo Federal para que al dar contestación a la demanda, remita a este Alto Tribunal copia certificada de todas las documentales relacionadas con el acuerdo impugnado”, señala el acuerdo de Ríos Farjat.

De esta forma la ministra, nominada por López Obrador a la SCJN y designada por el Senado, comenzará a elaborar un proyecto de sentencia sobre la constitucionalidad o no del acuerdo presidencial que presentará próximamente ante el pleno de la Corte .

Sin embargo, si el máximo tribunal del país llegara a dictar sentencia de invalidez, los efectos sólo aplicarían en el Estado Michoacán y no para el resto del país.

Margarita Ríos Farjat aún no emite acuerdos de admisión sobre las otras dos controversias constitucionales, promovidas por el Ayuntamiento de Colima y por la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, que impugnan las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.