La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó a Sergio Javier Molina Martínez como integrante del pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para el periodo 2019-2024.
Molina Martínez, quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, tomó protesta del cargo para los próximos cinco años, y en donde se comprometió a "entregar resultados a una sociedad deseosa de un servicio público de impartición de justicia honesto, transparente y de calidad".
Ello, al resaltar que, desde el CJF, resulta necesario establecer una programación de acciones, desde un verdadero gobierno judicial que contribuya a realizar diagnósticos exactos, proyectar acciones, en donde traza robustecer la confianza ciudadana mediante la fortaleza de todos los elementos orgánicos que preserven la máxima independencia de sus integrantes.
"Frente a ese escenario, la visión que deberá tomar el CJF para acercar la justicia a la ciudadanía, es con base en la configuración de un escenario racional y planificado, siempre anticipado y no reactivo, pues en ello deben de sentarse las bases de una construcción moderna y eficaz", aseguró al comparecer ante el pleno de la SCJN.
En este sentido, enfatizó que la percepción social y política de la sociedad mexicana no se ve reflejada ni se advierte al momento de preguntar a los ciudadanos sobre la confianza que tienen en sus jueces y donde dijo "no se distingue competencia alguna", pues acusó que de acuerdo con la última encuesta del Inegi, la percepción sobre la confianza de los jueves osciló solamente en un 55 por ciento, en tanto que la percepción de la corrupción ronda en un 68.4 por ciento y un penúltimo lugar en la escala de confianza, únicamente superado por la Policía de Tránsito.
Estimó que las reformas al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF) deben desarrollarse bajo seis ejes de acción: administración honesta y racional de recursos y contrataciones públicas; fortalecimiento y eficiencia de los mecanismos de evaluación y vigilancia; prevención en el combate a la corrupción y acciones en materia disciplinaria, incluida la sanción por acoso laboral y sexual; implementación de la reforma en materia de justicia laboral; vigencia e instrumentación de tecnologías de la información; y fortalecimiento de acciones transversales que garanticen la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Sobre la implementación de la reforma laboral, indicó que esta política del Estado Mexicano implica asumir una competencia constitucional que antes no tenía el PJF, por lo que estimó como primer punto a realizar, el establecimiento la instalación de juzgados de distrito especializados para sumir esta nueva competencia.
En este sentido, también dijo que será necesario fortalecer una defensa adecuada para aquello trabajadores asuman o tengan situaciones que ver con la justicia laboral, así como fortalecer los peritos médicos, ya que se va a sumir una competencia para desahogar problemas de seguridad social.
Además consideró como parte fundamental de este proceso de tránsito, asumir la capacitación y adiestramiento de los nuevos operadores de impartición de justicia en un plano de total apertura "para que ingresen a las filas los más capacitados y honestos".
También señaló que se debe establecer la relación interinstitucional con el centro de conciliación que se va a establecer de manera preliminar a la impartición de justicia laboral por el PFJ, además de que resaltó la importancia de la gestión administrativa y digital con el aprovechamiento de las tecnologías de la información.
"Los retos no son menores, son ambiciosos porque implica que el PJF asuma este nuevo reto y estoy cierto que con un trabajo ordenado, coherente y disciplinado lograremos asumir estos importantes retos y resolver a una sociedad deseosa de impartición de justicia diferente a lo que por décadas se estaba resolviendo", finalizó.
Es de recordar que el consejo está integrado por siete miembros: el presidente de la Suprema Corte, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.
También es de mencionar que el Consejo funciona en Pleno o en Comisiones. El Pleno se integra con los siete consejeros. Se reúne una vez por semana y la presencia de cinco de ellos le permite sesionar. El Pleno tiene la facultad decisoria final.
Esta instancia resuelve sobre la designación -a través de concursos de oposición-, la adscripción, la ratificación y la remoción -mediante la resolución de quejas administrativas y denuncias-, de magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de cuatro votos o por mayoría calificada de cinco votos.
El Consejo está facultado para expedir acuerdos generales sobre su funcionamiento. El pleno de la Suprema Corte de Justicia los puede revisar y, en su caso, revocar, así como solicitar al Consejo la emisión de acuerdos que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal.