El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán concendió una suspensión para frenar la aplicación de la primera parte del plan B electoral promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El recurso fue concedido por el ministro luego de aceptar a trámite una serie de controversias constitucionales impulsadas por varios partidos de oposición en contra de parte de la reforma electoral aprobada en diciembre en la Cámara de Diputados y que se encuentra en discusión en el Senado.
De momento esta suspensión sólo afecta al Estado de México y Coahuila debido a que son las dos entidades que renovarán gubernaturas este 2023, ya que de no frenar la aplicación de las reformas, el ministro consideró que “su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados”.
Hasta el momento se conoce que la SCJN ha recibido al menos 47 acciones de inconstitucionalidad y más de 31 controversias constitucionales en contra de la aplicación de las reformas aprobadas en diciembre por Morena y sus aliados.
Las aceptadas a trámite hoy por el ministro Pérez Dayán son especificamente en contra del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Sociales, las cuales impiden que los ayuntamientos destinen más del 0.1 por ciento de su presupuesto a propaganda gubernamental.
Los ayuntamientos señalan que con esta reforma conocida como “Ley Chayote” el gobierno federal les limitó la facultad para promocionar sus acciones en los medios de comunicación.
“El decreto nos limita para hacer propaganda a través de los medios de comunicación, prácticamente nos quitaron poder pagar la publicidad como tal”, denunció el alcalde de Lerdo, Homero Martínez, a finales de enero.
Con los recursos promovidos por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, es la segunda vez que el Poder Judicial da luz verde para analizar la constitucionalidad de las reformas con las que el presidente López Obrador y su partido buscan modificar la estructura electoral en el país.
La semana pasada, un juez federal admitió dar trámite al primer amparo promovido por la Asociación de Municipios de México en contra del plan B, sin embargo, éste no concedió la suspensión provisional solicitada por la organización, por lo que será hasta el próximo 27 de marzo cuando determine si concede el amparo o no.
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