La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para desechar las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, la cual fija como tope salarial para los funcionarios públicos el salario del presidente de la República, que este año asciende a 108 mil 305 pesos mensuales.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, y las ministras Norma Piña y Jazmín Esquivel se pronunciaron por declarar el sobreseimiento de la acción, esto porque las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la CNDH y la minoría del Senado de la República contra dicha ley perdieron efecto luego de que el 12 de sufrió reformas.
Ayer comenzó el análisis del proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien propone declarar inconstitucional la Ley aprobada por el Legislativo el año pasado.
Para declararla inconstitucional, se requiere que ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte voten a favor, pero dado que ya van tres en contra de Pérez Dayán, se requiere que un ministro se sume a Zaldívar, Piña y Esquivel para echar abajo el proyecto, lo cual pasaría hoy cuando se reanude la discusión en el pleno.
El ministro presidente explicó que la Ley expedida el 5 de noviembre de 2018 sufrió cambios el 12 de abril de este año con la modificación de 15 de sus 17 artículos y se adicionó el artículo 7 bis, con lo que los aspectos fundamentales de la ley sufrieron modificaciones, lo cual alteró la totalidad del sistema normativo previsto en el primer decreto.
“En efecto, en cuanto a los sujetos obligados, la reforma amplía el concepto de servidor público e incluye a los organismos autónomos, empresas productivas del Estado y cualquier ente público federal”, abundó.
Desde el arranque de la discusión, los ministros reprocharon a su colega Pérez Dayan, el que haya integrado en su proyecto, que los ministros estaban impedidos para analizar el tema, debido a conflicto de intereses, tal como lo planteo el Senado de las República.
“Me parece que las razones del proyecto no sólo son incorrectas sino son desafortunadas. Afirmar que los ministros tenemos un interés personal en este asunto, me parece extraordinariamente grave”, mencionó el ministro presidente.
En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una nueva acción de inconstitucionalidad ahora contra las modificaciones que el Congreso de la Unión hizo a dicha ley y que entraron en vigor en abril pasado.
La acción de inconstitucionalidad se presentó el pasado domingo, a unas horas de que venza el término para hacer la reclamación, explicaron funcionarios de la CNDH.
El recurso legal, todavía tendrá que ser admitido a trámite, por lo que en las próximas horas la Suprema Corte decidirá si acepta o rechaza el recurso.
Además, la Corte también analizará las controversias constitucionales promovidas por Banco de México y la Comisión Federal de Competencia Económica.
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