Los diputados de Morena continuarán con la Ley de Remuneraciones pese a la resolución de inconstitucionalidad que emitió la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en torno a esta legislación que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador; adelantaron que continuarán con la elaboración del presupuesto para el próximo año con base en los ahorros que se generen por la disminución de salarios a la alta burocracia, incluyendo a los miembros del Poder Judicial.

En este sentido detallaron que, sólo quedaran excluidos aquellos miembros del Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial que laboraban antes de la promulgación del Artículo 127º Constitucional. Esto con base en el apartado tercero transitorio de este artículo, el cual señala que "a partir del ejercicio fiscal del año siguiente aquél que haya entrado en vigor el presente Decreto las percepciones de los ministros de la SCJN , los magistrados del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Estatales, que actualmente estén en funciones”.

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En conferencia de prensa, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, junto con el diputado Pablo Gómez, de la misma bancada, señalaron que harán "lo que en años no se ha hecho: respetar la Constitución y aplicar el Artículo 127º de la Carta Magna"

Dicho artículo señala que la remuneración a "los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas; de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones, organismos autónomos, y cualquier otro ente público "será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes”. En la fracción II de dicho artículo se expresa que ningún servidor público podrá recibir remuneración “por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

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El diputado Pablo Gómez expresó que la suspensión dictada por el ministro Alberto Pérez Dayán "no fue en realidad solicitada en ninguna de las dos acciones de inconstitucionalidad que se han presentado en la Suprema Corte, sino una motivada por el mismo ministro Pérez Dayán, como si él hubiera presentado a sí mismo otra acción de inconstitucionalidad, con el evidente propósito de buscar que las remuneraciones en el Poder Judicial no se modifiquen en 2019 respecto de lo señalado en el Presupuesto 2018", indicó.

Asimismo, señaló que la Cámara de Diputados tendrá que cumplir libre y responsablemente con sus obligaciones constitucionales y garantizar que la Federación cuente con un presupuesto acorde a los mandatos de la Constitución, indicó.