El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General de Educación Superior que, entre otras cosas, asegura la gratuidad en la educación superior de instituciones públicas.
Con 400 votos a favor 47 en contra y siete abstenciones el Pleno camaral en San Lázaro avaló esta ley que sustituye la Ley para la Coordinación de Educación Superior y que eventualmente obligará al Estado a fortalecer las Escuelas Normales y escuelas pedagógicas, así como los institutos de actualización del magisterio.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja, recordó que hace 2 años se abroga la reforma educativa de 2012 y como parte de este proceso, la ley que se discute permitirá garantizar la gratuidad en la educación superior pública, pues recordó que solo el 30 % de los jóvenes en México tienen acceso a las universidades y la mayoría son rechazados de estas instituciones y se ven obligados a truncar sus aspiraciones por falta de oportunidades.
Por esto, hizo un llamado a los legisladores para que respalden esta minuta, la cual, dijo, “representa un paso trascendente hacia la fortaleza de la educación superior”, además sostuvo que esta ley “incorpora un enfoque de cobertura universal, además del cumplimiento gradual de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior” y vincula la educación superior con las realidades productivos del país.
Aunque muchos legisladores ven como riesgosa esta reforma, pues consideran que “asfixiaría” a las instituciones de educación superior, al impedirles cobrar cuotas de recuperación para su autofinanciamiento, la ley pretende garantizar, a largo plazo, con un fondo la gratuidad de las mismas que eventualmente cubra los recursos ordinarios de las instituciones de educación superior.
El PT por su parte, confrontó a su aliado de Morena y a la oposición, al acusar que esta ley no garantiza el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de la gratuidad en la educación superior y da recursos públicos a instancias privadas.
Con esta ley, se perfila además crear un consejo nacional de autoridades en las Escuelas Normales, a fin de crear consensos sobre políticas y acciones para mejorar dichas instituciones de formación de profesores.