Como parte de la discusión de la Iniciativa de la Ley de Ingresos Federal para 2021, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Disciplina Financiera, para permitir a los gobiernos municipales y estatales que se apoyen con la contratación de deuda, ante eventuales caídas del PIB superiores al 5%.
Con 345 votos a favor, 49 en contra –principalmente del PT y PAN- y, tres abstenciones, los diputados federales estipularon, a propuesta de Morena y el Partido Verde, que, los estados y municipios puedan contraer deuda para aumentar su nómina, en el caso que esta vaya dirigida a casos de atención de una emergencia sanitaria.
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Esta reforma plantea, además, que los estados y municipios podrán diferir los pagos de la deuda de corto y largo plazo por un período de hasta 12 meses.
Durante la discusión de la reforma a la Ley de Disciplina Financiera; la oposición manifestó su apoyo a este cambio, pues consideró que ayuda a aliviar las necesidades de estados y municipios.
Paradójicamente, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, rechazó la reforma al considerar que iba en contrasentido de la política de austeridad republicana y se estaba premiando a las entidades con más deuda, aun cuando no se habían apretado el cinturón.
Aprueban Ley de Derechos
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 263 votos a favor, 130 en contra y 3 abstenciones la Ley Federal de Derechos, con lo cual se incrementa en un 30 por ciento el precio de los pasaportes y además se incrementan las disposiciones por el uso o explotación de bienes de la Nación, como las áreas naturales protegidas; minería, y telecomunicaciones, entre otros.
Dentro de los principales cambios se encuentra una actualización a las concesiones por el uso del espacio radio eléctrico, lo cual, de acuerdo con algunos diputados se incrementaría en un 7 % para el próximo año el precio de los datos de telefonía móvil e internet, en lugar del 56 por ciento que había planteado originalmente la Iniciativa del Ejecutivo federal.
Una modificación más fue la del acreditamiento de derechos mineros, en la que se establece un esquema transitorio para flexibilizar el mecanismo que permita al sector minero transitar de forma gradual a la eliminación del acreditamiento