El Pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión a la reforma de la Ley Minera, que envió el presidente de la República al Congreso de la Unión, que busca ser amigable con el uso del agua, el medio ambiente y el equilibrio ecológico, así lo señaló el diputado de Morena, Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía.
Dicha iniciativa también la proponen los diputados de Morena, Aleida Alavez Ruiz e Ignacio Mier Velazco, la cual reforma la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.
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El diputado Rodríguez González, manifestó que la reforma representa una legislación integral como una visión holística a partir de la plena vigencia del artículo 27 de la Constitución, que establece la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas comprendidas en su territorio y el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales.
La presente iniciativa busca hacer de la minería una actividad que genere riqueza para la nación, contribuya al desarrollo de las zonas mineras de México, garantice la protección al medio ambiente y de los derechos humanos.
En la Ley Minera se elimina el término de terreno libre y primer solicitante, el carácter preferente de la actividad minera y el derecho de las personas titulares a obtener la expropiación, de un terreno para la explotación minera.
Se estable también, la obligación de determinar sus impactos sociales de cada concesión minera, la consulta previa al otorgamiento al título de concesión libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La iniciativa contempla la duración de 30 años de los cuales cinco son para actividades preoperativas y 25 años de explotación efectiva, además la concesión plantea que se prorrogue de 25 años, que permita al concesionario mantener la titularidad hasta por 55 años.
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Al concluir los 55 años, el concesionario puede participar en la licitación del mismo lote por un periodo de 25 años, si cumple con toda la normatividad, puede llegar a tener una concesión de hasta 80 años.
Se castiga la inactividad o la especulación, con la cancelación de los permisos si trascurren dos años sin que se reporten trabajos en la mina.