El Pleno de la Cámara de Diputados discutirá este miércoles reformas a la Ley General de Víctimas para establecer que niñas, niños y adolescentes en orfandad por homicidio o feminicidio tengan derecho al acceso de la salud, educación y atención psicológica; pero, sobre todo, que reciban fondos de ayuda federal y estatal hasta alcanzar la mayoría de edad o hasta que siga cursando estudios superiores.
También, esta propuesta plantea modificar el Artículo 3° de la Ley General de Población para establecer que la Secretaría de Gobernación (Segob) promueva ante las dependencias competentes la plena integración de los menores de edad que quedan en orfandad por actos de la violencia, para que reciban integración social y se cubran sus necesidades de educación, alimentación y salud.
La reforma perfila modificaciones al artículo 88 de dicha la Ley General de Víctimas, con la que se busca establecer que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pueda ayudar a atender y en su caso cubrir una compensación subsidiaria en casaos de delitos del fuero común, cuando ser trate de una menor en orfandad de madre o padre, o ambos por homicidio o feminicidio.
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Lo anterior, con el propósito de que esta ley garantice la compensación, asistencia y protección que estas víctimas requieren de parte del Estado para la reparación integral del daño que sufren.
Las reformas a los artículos 47 y 52 de dicha ley, pretenden garantizar también el derecho a la educación de estos menores en orfandad por homicidio y feminicidio.
Asimismo, la propuesta de reforma que será discutida este miércoles en el Pleno de la Asamblea federal busca, además, que las entidades federativas en sus registros cuenten con un padrón permanente y actualizado que incluya a estos menores en orfandad por la violencia, donde se desagregue la información en rubros como: edad, sexo, escolaridad y víctima indirecta, así como que este padrón sea contemplado en el Registro Nacional de Víctimas.
El dictamen de la Comisión de Gobernación y Población que promovió la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Partido Encuentro Social (PES), recuerda que en México no hay registro oficial de cuántos niños han quedado en la orfandad y en situación precaria, luego de un feminicidio u homicidio y recuerda que como bien dice el titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAV), “son víctimas colaterales e invisibles”, pues es inexistente una base de datos nacional y que, la disparidad de casos entre una entidad y otra, se debe a que no existe una ley que obligue a los estados a llevar un registro de los huérfanos.
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