Al concluir los trabajos ordinarios de la 64 Legislatura en la Cámara de Diputados, los legisladores que la integran, presumieron que en 69 sesiones lograron aprobar apenas 289 dictámenes sobre nuevas leyes o derechos, dentro de las cuales 10 se trataron de reformas constitucionales y 264 modificaciones a diversos ordenamientos y decretos.
De acuerdo con datos de servicios parlamentarios, se turnaron a la Mesa Directiva de la Cámara un total de mil 694 iniciativas —11 de ellas del presidente Andrés Manuel López Obrador—, 103 de congresos locales y más de mil 512 de diputados en esta legislatura que concluyó.
Entre las leyes y decretos aprobados por las diputadas, en estos tres años de trabajo están: cambios en materia de fuero, derechos de la juventud, movilidad y seguridad vial, lenguas nacionales, las denominaciones de Veracruz y de Michoacán, sistema nacional de cuidados, Poder Judicial de la Federación, nacionalidad, y seguridad privada.
Los legisladores presumen como un logro la obligación que tienen en sus facultades como adecuar las Leyes de Ingresos y Egresos de la Federación, a las cuales –por cierto—, prácticamente no admitieron cambios de parte del bloque mayoritario de MORENA y partidos satélite que le acompañan, así como algunos nombramientos de funcionarios públicos.
También consideran un logro haber aprobado la procedencia de Consulta Popular de AMLO para realizar acciones legales contra ex presidentes el próximo 1 de agosto, aunque los opositores al régimen actual consideran que tiene un sesgo político esta consulta.
Entre otras reformas de esta legislatura —la primera, desde el sexenio del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, que un presidente volvió a tener mayoría absoluta en el Congreso—, están polémicas leyes, como Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que nadie gane más que el presidente; la llamada “Ley Zaldívar” que extiende dos años más el mandato del presidente de la suprema Corte de Justicia de la Nación; la nueva Ley de Hidrocarburos para sancionar a los consecionarios y la Ley General de la Industria Eléctrica, para devolverle al Estado la rectoría del sector eléctrico, estas dos últimas actualmente en proceso de controversia en la Corte.
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Finalmente, los diputados presumen también haber aprobado la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, aunque los cambios no despenalizan el consumo como lo ordenó la Corte.
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