TOLUCA. La elección de los mil 600 ministros, jueces y magistrados se prevé que cueste entre tres mil y tres mil 500 millones de pesos, recursos que podrían absorberse los 23 mil millones de pesos por parte de los fideicomisos del Poder Judicial que desaparecerán una vez que entre en vigor la Reforma Judicial, aseguró Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado y diputado electo.

“Mucha gente se pregunta cuánto costará organizar la elección de los mil 600 ministros, jueces y magistrados. En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y con personal del INE, a quien se le faculta esta responsabilidad, pudiera erogarse entre tres mil y tres mil 500 millones de pesos la elección, por única ocasión. Se podría destinar incluso, por excepción a este propósito, parte de los 23 mil millones de pesos que tienen los fideicomisos y que van a ser entregados a la Tesorería”, comentó el legislador de Morena.

Durante el Tercer Foro de los Diálogos Nacionales para la Reforma Judicial con el tema Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial, realizado en la ciudad de Toluca, Estado de México, Ricardo Monreal precisó que esa reforma también prevé que los ministros ya no reciban pensiones vitalicias ni haberes de retiro al concluir su mandato, ni pensiones complementarias y que no habrá salarios superiores a la percepción del presidente de la República.

El legislador señaló que otro de los propósitos de esa reforma es la desaparición de los beneficios que reciben los ministros en retiro por concepto del Haber del Retiro, entre los cuales destaca el pago de aproximadamente 300 mil pesos (100 por cienta de su sueldo tabular), que se integra por sueldo base más compensación garantizada y previsión social, así como 568 mil pesos por aguinaldo (40 días de sueldo), un seguro de vida por 12 millones de pesos, un pago por defunción de un millón 189 mil pesos y ayuda para gastos funerarios.

Además, Ricardo Monreal explicó que cada ministro retirado actualmente recibe un pago por riesgo de 640 mil pesos durante los primeros años de su retiro, la prima vacacional por 95 mil 474 pesos (10 días de sueldo) durante los primeros años y tiene derecho a contar con cinco personas como personal de apoyo, incluyendo dos choferes de servicio y tres técnicos de distinta categoría, todo pagado por el Poder Judicial.

El senador agregó que los ministros en retiro también tienen derecho a reembolsos totales por la compra de medicamentos, así como cinco personas de apoyo para seguridad, dos vehículos blindados con costo de aproximadamente tres millones de pesos cada camioneta, 22 mil pesos mensuales para pago de gasolina, reembolso por cualquier pago por mantenimiento de estos vehículos (en los primeros años), apoyo para pago de peajes en autopistas, así como otros apoyos en aeropuertos, restaurantes y servicios, entre otros beneficios.

Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, expuso que el Poder Judicial tiene excesivas cargas de trabajo que es solventado por el poco personal que tiene.

“El afectar financieramente al Poder Judicial no sólo implica un impacto en su operación, sino que también limitaría el acceso a la justicia a cientos de miles de mexicanos, lo que retarda la resolución de los asuntos y repercute en la salud de los trabajadores que se traduce en una sobreexplotación de los recursos humanos y se convierte en una esclavitud velada”, dijo el líder de los trabajadores del Poder Judicial.

En ese contexto, González Pimentel agregó que se debe reconsiderar la reducción de los sueldos de los trabajadores judiciales.

Por su parte, el magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa de Primer Circuito, Juan Pablo Gómez Fierro, señaló que el Poder Judicial y todas sus áreas no podrán ser eficientes, completas e imparciales sin recursos estables y adecuados, que estén normativamente asegurados y sean suficientes para cumplir la función de proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia.

“En el Poder Judicial de la Federación nadie cuestiona el que ningún servidor público deba ganar más que el presidente de la República, ninguno de los jueces y magistrados que integramos éste poder recibimos una remuneración superior, los criterios jurisdiccionales que se han emitido sobre el particular apuntan a la necesidad de definir con claridad cuál es la remuneración del presidente de la República, para así establecer el parámetro conforme al cual deberá fijarse la remuneración de todos los servidores públicos”, comentó Gómez Fierro.

El magistrado Juan Pablo Gómez criticó en foro la Reforma al Poder Judicial y recordó que en México desde hace casi tres décadas se ha desarrollado e implementado un programa de carrera judicial que se basa en procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia con base en el mérito y las capacidades profesionales.

Mientras que Jesús George Zamora, consejero jurídico del Gobierno del Estado de México, sostuvo que la Reforma Judicial busca que jueces tengan legitimidad reforzada que fortalezca su actuación y que sus resoluciones sean respaldadas con el voto popular.

“La prudencia judicial también debe prevalecer en el ejercicio de su presupuesto, que debe estar destinado al cumplimiento de la prestación del servicio público de administrar justicia, parte muy importante de ese presupuesto es que debe cubrir las remuneraciones legales, es decir, que cumplan con el criterio constitucional de no rebasar la remuneración presidencial”.

Sergio Arturo López Servín, secretario del Tribunal Adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Segundo Circuito, sostuvo que la elección de funcionarios judiciales encargados de impartir justicia que plantea la Reforma obliga a realizar una profunda reflexión sobre el sistema que se plantea, considerando la importancia y delicadeza del mismo.

“Así como no puede haber legisladores improvisados, tampoco puede ni debe haber impartidores de justicia improvisados, de esa manera es necesario definir con precisión cuál es el perfil de los juzgadores y las juzgadoras que nuestro país requiere de acuerdo a nuestra realidad social, en éste orden, es de destacarse como útil referente la importancia de una carrera judicial que respete el derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial”, señaló López Servín.

Carolina Denisse Villagrán Salinas, visitadora judicial B del Consejo de la Judicatura Federal, mencionó que con la Reforma Judicial se debe considerar la austeridad bajo el principio de racionalidad, pues de lo contrario, ese sistema podría entrar a una crisis en su integración, y reconoció que hay titulares que están “enfermos de poder”, lo que afecta severamente la imagen de los servidores públicos judiciales y del mismo Poder Judicial.

“Creo que en gran parte nos equivocamos y la consecuencia es que el pueblo de México actualmente no confía en nosotros, tenemos que ganarnos esa confianza nuevamente, dignificando nuestra labor, no es un tema de recursos, es un tema de vocación, claro que se puede tener austeridad siempre y cuando haya racionalidad”, expresó Villagrán Salinas.

Jaime Miguel Moreno, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), exfuncionario público y experto en derecho constitucional, sostuvo que la propuesta de Reforma Judicial no debe ser vista como una “guerra”, sino como la oportunidad de construir al nuevo México que se dejará a las futuras generaciones.

“Que lo veamos como la maravillosa oportunidad de construir juntos al nuevo México, a la nueva infraestructura social, institucional, jurídica, política que haya de servirle a nuestros hijos y a las nuevas generaciones, vayamos a participar, aportemos las luces y no le tengamos miedo a lo que pasó en otras latitudes”.

José Reyes, politólogo y asesor parlamentario, declaró que la Reforma Judicial constituye por sí misma una profunda reforma del Estado, porque entre sus planteamientos destaca la transformación significativa del modelo de integración, organización y funcionamiento de uno de los tres poderes de la federación, con el establecimiento de una elección popular para elegir a los integrantes del Poder Judicial.

“Un cambio de ésta dimensión requiere un potente referente transversal que lo sustente y que le proporcione una narrativa, ese referente del que propone el ejecutivo federal en sus iniciativas es el de la austeridad republicana, entendida como valor fundamental del servicio público mexicano asociado al principio de racionalidad, es un criterio imprescindible para orientar la estructuración y el funcionamiento del servicio público y es moralmente indispensable, porque nuestro país presenta profundas y agraviantes desigualdades sociales”, señaló José Reyes.

El magistrado federal Ricardo Garduño comentó que los juzgadores son parte del pueblo mexicano, quienes conocen los escenarios de desigualdad que hay en México y las necesidades cotidianas.

“Claro que debe imperar la austeridad con escenarios básicos como la inversión efectiva en la impartición de justicia, rendición de cuentas, transparencia y no afectación a derechos adquiridos de los trabajadores, de hecho lo agradeceríamos. Cierto, existe un reclamo por la tardanza y la falta de efectividad en impartición de justicia; sin embargo, las y los juzgadores no creamos los tribunales, no distribuimos las cargas de trabajo, hacemos lo que podemos”.

Al evento acudieron la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, así como diputados locales y federales en funciones y electos, senadores en funciones y electos, servidores públicos judiciales federales y locales, así como servidores públicos del gobierno estatal y de la Legislatura local.