Los Senadores de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo y Samuel García, acudieron a la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia en contra del dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, a quien acusan de peculado, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo de combustible a Pemex, evasión fiscal, venta de plazas, discrepancia fiscal y nepotismo.
Romero Deschamps, agregó el senador, es el perfecto emblema del nepotismo, de la corrupción, del conflicto de interés y del huachicol. “Si barres a éste, caerán muchos más”.
Por su parte, la senadora, Verónica Delgadillo, dijo que le toca al fiscal hacer justicia y esta es una gran oportunidad para que se haga lo que no se hizo en otras administraciones.
Pidieron al fiscal Alejandro Gertz Manero que integre una carpeta de investigación, sea vinculado a proceso y se le aplique la prisión preventiva a quien llamaron "el padrino del huachicol".
En este sentido, los legisladores recalcaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no había ninguna denuncia contra el líder sindical por lo que investigaron y encontraron cuatro denuncias que datan de 2004, 2006, 2008 y 2014 y una nueva del 2018 del mismo sindicato.
Samuel García especificó que no hay estrategia que pueda revivir a Pemex, “como él la plantea, si no se mete a la cárcel a este señor y se regresa todo lo que se desvió y agregó que queremos ver si va actuar o no, pues denuncias hay".
La denuncia se da luego que hace unos días una juez federal ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) frenar indefinidamente la entrega de información solicitada por un particular, vía Ley de Transparencia, sobre los convenios que firmó con el STPRM.
Fue la juez decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Blanca Lobo Dominguez, la que concedió la suspensión definitiva al STPRM.
El 15 de enero, el STPRM promovió el juicio de amparo 42/2019 luego de que se enteró que distintos funcionarios de Pemex iban a entregar información a un particular relacionada con los convenios que firmaron desde 2013.
Según el STPRM, la entrega de la información generaría “daños y perjuicios definitivamente irreparables” y consideró que con ello también se podría violar el derecho de defensa a través del juicio de amparo.
