Con 302 votos a favor la Cámara de Diputados avaló quitarle el fuero constitucional a Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, con el propósito de que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda ejercer acción penal en su contra por el delito de defraudación fiscal.
Tras seis horas de debate, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados determinaron retirar la inmunidad procesal al mandatario estatal, por lo que dicha resolución será remitida al congreso local de Tamaulipas para actuar en consecuencia.
Según el dictamen de la Sección Instructora en San Lázaro, el desafuero de García Cabeza de Vaca es por un daño de 6 millones 511 mil pesos al fisco federal, que a su juicio acredita el delito de defraudación fiscal sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión.
En la discusión y favor de quitarle el fuero, la diputada morenista Sandra Paola González Castañeda señaló que se trata de “un delincuente que ha robado los recursos que le pertenecen al pueblo mexicano; podría estar involucrado en otras actividades ilícitas, algunas, incluso, vinculadas con grupos de la delincuencia organizada”. Resaltó que nadie puede negar la culpabilidad de Cabeza de Vaca, porque “todos sabemos cómo ha operado y sus conductas no pueden quedar impunes”.
Por lo que pidió votar a favor de “este acto de justicia y legalidad, y no ser cómplices del grupo de delincuencia encabezado por este personaje".
El diputado Rubén Cayetano García de la bancada de Morena, insistió que a García Cabeza de Vaca se le debía retirar el fuero constitucional y así abrir paso a las persecuciones e investigación de los delitos que se le atribuyen.
Al hablar en contra, el coordinador de Acción Nacional, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, sostuvo que en el dictamen a discusión se dejaba ver la intención inconstitucional para explorar aspectos que no tienen fundamento. “Lo que hemos visto son exabruptos, insinuaciones extraprocesales, un manejo mentiroso e imparcial de las instituciones de investigación para el esclarecimiento de posibles hechos o inventos, en suma, un abanico de conductas que constituye un evidente uso de poder”.
Expresó que el fuero tiene origen en la necesidad acreditada históricamente de salvaguardar el desempeño de determinados puestos del servicio público, de los riesgos que implica la existencia de rivalidades políticas, como es en este caso, anidadas desde otras instancias de poder.
Asimismo la diputada Adriana Dávila Fernández señaló que “hoy no sólo se ataca a un gobernador, sino que con la solicitud de desafuero se agrede al federalismo”. Dijo que “el castigo que ahora se quiere impartir al gobernador de Tamaulipas va más allá de la simulación de ejercer justicia, el verdadero móvil de esta decisión presidencial es el linchamiento político y público”.
Sostuvo que la solicitud de desafuero se centra en lo que se llama defraudación fiscal equiparada cuyo único argumento se basa en la compra-venta de un inmueble en la Ciudad de México, que además la defensa del gobernador explicó a detalle que no amerita esta acción que se pretende ejecutar. Afirmó que el desafuero para el caso del gobernador Cabeza de Vaca es un caso político con tinte electoral.
Inicia discusión contra gobernador
La Cámara de Diputados que funge como Jurado de Procedencia inició este viernes la discusión del procedimiento de declaración de procedencia para retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Los diputados analizaron la declaración de procedencia, ahora en función de jurados deben escuchar a las partes y votar por el desafuero definitivo del gobernador, quien termina su periodo en 2022.
La intención de la FGR de desaforar al mandatario estatal se reveló el 23 de febrero con el apoyo del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
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Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).
García Cabeza de Vaca pertenece al derechista Partido Acción Nacional (PAN), principal opositor del Gobierno, por lo que ha denunciado una persecución política en su contra, aunque la semana pasada se reveló que pagó 100 mil dólares a la firma de abogados Gerger Hennessy & McFarlane, de Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha informado que Cabeza de Vaca presuntamente recibió 14,3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos de dos empresas fantasma sirvieron al Cártel de Sinaloa para "lavar dinero".
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El inmueble que compró Cabeza de Vaca con ese dinero es un departamento en la lujosa zona de Bosques de Santa Fe, en Ciudad de México, con un valor de 42 millones de pesos (unos 2,1 millones de dólares).
La UIF también ha detectado tres ranchos y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas (Estados Unidos) vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios.
Con información de EFE
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