Durante el periodo fiscal de 2014 a 2018 el gobierno de Estados Unidos destinó al gobierno de México un total de 723 millones de dólares de los cuales el 80 por ciento se aplicó en combate al narcotráfico, derechos humanos y programas para fortalecer al sistema judicial, concluye una investigación realizada por la “Oficina de Responsabilidad Gubernamental” del Congreso estadounidense.
El reporte, cuya copia tiene éste medio, fue dado a conocer ésta semana en respuesta a la petición del Congreso de Estados Unidos a la “Oficina de Responsabilidad Gubernamental” (GAO, por sus siglas en inglés) para efectuar una auditoría sobre los fondos de asistencia que se han aplicado en México bajo la “Iniciativa Mérida”.
Al respecto la “Agencia de los Estados Unidos para la Ayuda Internacional” (USAID por sus siglas en inglés) indicó que “se compromete en continuar maximizando la efectividad de los dólares de los contribuyentes a través de nuestra participación en la Iniciativa Mérida, y en la medida en que reorientamos nuestra programación en México para enfocarnos en apalancar las inversiones del sector privado, e involucrar a más implementadores locales”.
El reporte señala que “por más de una década la presencia de las organizaciones transnacionales del crimen (TCO, por sus siglas en inglés), o carteles del narcotráfico, han provocado el incremento de la violencia, el crimen y la ilegalidad en partes de México, y además han amenazado la seguridad a lo largo de la frontera Estados Unidos-México”.
Además, en medio de una crisis sin precedentes de opioides en Estados Unidos los carteles mexicanos abastecen la mayoría de la heroína que se consume en territorio estadounidense, menciona el reporte de la Oficina de Responsabilidad del Congreso.
“De acuerdo con reportes del gobierno de Estados Unidos la violencia relacionada con el crimen organizado en México declinó de 2011 a 2014, pero alcanzó niveles récord en el 2017. Como resultado de esa violencia más de 109 mil personas pueden haber muerto desde 2006, y el Gobierno de México estima que más de 40 mil personas en México pueden haber desaparecido”, destaca.
La GAO informó que su investigación fue realizada de Noviembre del 2018 a Septiembre del 2019, en la cual identificaron que de los 723 millones de dólares 542 millones se aplicaron a través de proyectos encabezados por el "Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley" (INL, por sus siglas en inglés), y cerca de 182 millones por la “Agencia de los Estados Unidos para la Ayuda Internacional”, ambos del Departamento de Estado.
El reporte detalla que el "Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley" financió un total de 388 proyectos, mientras que la “Agencia de los Estados Unidos para la Ayuda Internacional” fondeó 57 proyectos en México, algunos a través de la sociedad civil.
A diferencia de los primeros años de la “Iniciativa Mérida” en que los fondos se enfocaban en entrega de aeronaves y equipos para apoyar a las fuerzas de seguridad mexicanas, desde 2011 se amplió la ayuda en la construcción de instituciones y después en derechos humanos, así como apoyo a comunidades, refiere.
Durante el periodo de 2014 a 2018, explica, los fondos se destinaron principalmente en proyectos para asistir a México en la transición hacia un nuevo sistema de justicia, combate al narcotráfico, combate al lavado de dinero, seguridad de puertos y fronteras.
Además, menciona, en proyectos para la profesionalización de la policía, prevención de violencia y crimen; derechos humanos incluyendo protección a periodistas, cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas; así como la construcción de comunidades fuertes y resilientes.
.jpg "Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado de Querétaro. Foto César Ortiz. (1).jpg")
