Fiscal de Morelos no tiene fuero, concluye la Cámara de Diputados

Decisión sienta precedente para todos los fiscales del país, afirma Uriel Carmona Gándara

Roberto Cortez | El Sol de México

  · martes 14 de septiembre de 2021

El fiscal de Morelos acudió a la sesión en la que lo diputados discutieron su desafuero Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Con 274 votos a favor, 108 en contra y 2 abstenciones la Cámara de Diputados desechó el juicio de desafuero de Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos, al establecer que el funcionario no cuenta con inmunidad procesal penal federal.

Omar Enrique Castañeda González, de Morena, aseguró que la discusión no es un enjuiciamiento, sino desechar la solicitud de declaración de procedencia para que sean los tribunales competentes quienes sigan el procedimiento, con el fin de garantizar un debido proceso.

➡️ Desafuero de diputados, fuera del extraordinario en San Lázaro

“La resolución fue inesperada y muy trascendente, porque todos los fiscales del país estaríamos en la misma situación y, entonces, es algo que creo que se tiene que revisar.

“Entonces yo estoy tranquilo, voy a hacer frente a esta situación en la vía jurídica. Tengo los medios de impugnación a mi alcance, los voy a hacer valer”, dijo Carmona Gándara en San Lázaro.

El fiscal de Morelos acudió a la sesión en la que lo diputados discutieron su desafuero. Ahí, declaró que es un creyente de la Cuarta Transformación, es una persona honrada, no miente, no roba y no traiciona, además de no ser adversario de nadie.

“Sigo siendo el fiscal del Estado, esto significa que dejo de tener momentáneamente la protección constitucional, pero esa decisión es impugnable, es lo que voy a hacer valer”, dijo.

Descartó tener miedo a ser detenido porque es inocente, y se dijo confiado en la decisión del Poder Judicial en el momento en que presente la impugnación de la resolución de los diputados.

El funcionario enfrenta acusaciones por la comisión de delitos contra el funcionamiento del Sistema de Nacional de Seguridad Pública y ejercicio ilícito del servicio público y tiene al menos tres carpetas de investigación radicadas en la subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó denuncia luego de que el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Gobierno del Estado de Morelos otorgó información sobre los bienes inmuebles de Carmona Gándara, de María Luisa Sánchez Osorio (su esposa), y la contadora Araceli García Mejía, al agente del Ministerio Público Federal (MPF).

Sin embargo, el juez Séptimo de Distrito, concedió a Carmona Gándara una suspensión provisional, la cual impide a la FGR ejecutar cualquier orden de captura, excepto cuando el delito amerite prisión preventiva oficiosa, “la suspensión definitiva concluye que tengo fuero constitucional”, ha declarado el fiscal al referirse al caso en su contra.

Sin embargo, para la Sección Instructora, el cargo de fiscal, igual que los secretarios de estado y los ministros de Morelos, carecen de inmunidad procesal penal, por lo que expresa la Constitución del Estado de Morelos.

Carmona Gándara podría ser procesado por los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) presume habría cometido, al no haber contado con exámenes de control de confianza que el fiscal concebiría como el origen de una serie de faltas el haber tomado determinaciones antes de cumplir con los requisitos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

No obstante, para el propio Carmona Gándara el procedimiento en su contra carece de sustancia “se me acusa de un hecho que no es constitutivo de delito”, ha repetido en diversas entrevistas en que adicionalmente advierte que “ningún fiscal está obligado a contar con los exámenes de control de confianza antes de su nombramiento”.

El gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, pidió al Congreso del Estado la destitución de los fiscales general y el anticorrupción en diciembre de 2018, bajo el argumento de “causas graves que impiden que continúen con el ejercicio de su cargo”.