El diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT), anunció que presentó una denuncia de juicio político en contra Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) y de Ciro Murayama, consejero electoral de este instituto, por violar en reiteradas ocasiones la Constitución Mexicana y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al otorgarle pagos excesivos a los funcionarios a su cargo y que están por encima del salario del presidente de la República, así como por emitir opiniones y avalar acuerdos que afectan la certeza, legalidad e imparcialidad del proceso electoral.
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El legislador petista expresó a El Sol de México que la denuncia fue presentada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados y tiene el objetivo de hacer cumplir la ley en materia de remuneración a los funcionarios públicos, ya que Córdova Vianello impuso remuneraciones y otros pagos, como seguros y estímulos, a los servidores públicos del INE, violando y yendo en contra de todo lo establecido por la Cámara de Diputados en materia de remuneraciones a servidores públicos que se estableció en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
Fernández Noroña refirió también que el proceso de la Fiscalía de la Ciudad de México en el que acusa a su compañero de bancada, Mauricio Toledo por presunto enriquecimiento ilícito, mientras fue delegado en Coyoacán y la consecuente solicitud de desafuero que pidió esta Fiscalía en contra de este ex delegado, “se tratan de una persecución política” y adelantó que el PT respaldará a Toledo en este supuesto ataque contra su diputado.
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A su vez, el diputado Toledo emitió un comunicado de prensa, en el que niega categóricamente cualquier acusación de enriquecimiento ilícito y aseguró que son falsos.
“Niego categóricamente los presuntos hechos que se me imputan por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya que son totalmente falsos”, apunto Toledo.
Por otra parte, Fernández Noroña habló de la orden del Tribunal Electoral para que ofrezca una disculpa pública a la diputada del PAN, Adriana Dávila, por ejercer en contra de ella violencia de género y que tome cursos en materia de violencia de género, a los cual el petista señaló que aún hay tiempo para hacer lo que ordena el tribunal, pues acusó que lo que se busca en el fondo es inhabilitarlo para que siga con su carrera política y pidió disculpas, pero a los magistrados del tribunal, por incluirlos en la lista a la que él, llama, de “mapaches electorales de cuello blanco”.
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Respecto al tema de juicio político, Fernández Noroña acusó que tanto Córdoba como Murayama en reiteradas ocasiones se han manifestado en contra de sujetarse a las medidas de austeridad que adoptaron otros poderes de la Unión y en consecuencia, el primer y segundo responsable de garantizar la democracia en México “dan muestra grave de una actitud de mantener los privilegios en momentos graves de crisis económica y los efectos derivados de la pandemia de Covid-19”.
Al respecto, el diputado recordó que en diciembre de 2019, la Junta General Ejecutiva de INE aprobó un acuerdo, donde se contemplaron remuneraciones a servidores públicos del instituto que está por arriba de las previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, así como la remuneración percibida por el presidente de la República.
En la denuncia Noroña menciona que funcionarios que ganan más que el presidente de la República y violan lo establecido en el PEF 2020, son, el director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, el de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como la encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, entre otros.
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Asimismo, el polémico legislador agregó que también la denuncia de juicio político obedece a que, tanto Córdoba, como Murayama violaron de manera grave la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al emitir opiniones, pues recordó que dicho ordenamiento obliga a no divulgar por ningún medio, información reservada o confidencial, así como a abstenerse de emitir opinión pública que implique o prejuzgue sobre un asunto de su conocimiento.
El diputado indicó finalmente que a falta de legalidad, honradez y lealtad e imparcialidad de estos dos consejeros electorales, ambos han pretendido realizar actividades legislativas con la finalidad de distorsionar el proceso electoral 2020-2021, “violentando de manera grave los principios de legalidad, lealtad e imparcialidad que la Constitución obliga a los servidores públicos del INE”.
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