El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador terminará sin avances sustanciales en materia de género, según sostienen organizaciones feministas, y como reconoce la propia administración del mandatario.
En el documento "Examen exhaustivo a nivel nacional del Gobierno de México sustento de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe", el gobierno federal reconoce que no consiguió avanzar en la disminución de las brechas en temas sustantivos como el trabajo de las mujeres y la violencia.
El informe de cumplimiento de Plataforma de Acción de Beijing se presentará en próximo año en la conferencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) –la cual albergará México– de cara a la preparación del 30 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Beijing, 1995) en América Latina y el Caribe.
En él señala el gobierno federal la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos de coordinación interinstitucional para generar sinergias entre los tres niveles y los tres poderes de gobierno, y así brindar soluciones integrales para garantizar el bienestar de las mujeres y las niñas.
Al respecto, el Frente Nacional Feminista señala que desde 2019 la administración obradorista desautorizó a los grupos civiles, aunque en el informe sostiene que se realizaron consultas a estas organizaciones al igual que a la academia y se fortalecieron mecanismos periódicos de diálogo.
En este sentido, el gobierno de López Obrador reconoce que al final del sexenio debe incorporar sus voces y perspectivas en distintos espacios, para respaldar institucionalmente el trabajo que realizan como entidades defensoras y activistas por los derechos humanos de las mujeres y las niñas desde diversos contextos y particularidades en el país.
Sin embargo, las agrupaciones feministas sostienen que la obligación del Estado mexicano y sus instituciones de promover la igualdad entre mujeres y hombres han quedado en papel pese al marco normativo internacional y nacional en materia de derechos humanos de las mujeres que debería regir las políticas públicas y el presupuesto para la igualdad.
Como muestra señalan que las más de 24 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres decretadas no cuentan con presupuestos suficientes y tampoco existe un sistema de evaluación y seguimiento que permita valorar su impacto y alcances.
Asimismo, afirman que el presupuesto etiquetado en el Anexo 13, sobre Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres –conquista feminista–, ha perdido sus objetivos originales, mientras que se han utilizados su recursos para programas asistenciales de transferencias económicas como las Pensiones para el Bienestar de personas adultas mayores, lo que crea dependencia y no contribuye a disminuir las desigualdades de género.
En el papel, los recursos destinado al Anexo 13 se incrementaron hasta 10 veces, pero en realidad se usó en estos años para otros fines, de acuerdo con las organizaciones.
En 2018, el total de recursos fue 47 mil 918 millones 431 mil 176 pesos, y para 2024 se incrementó 10 veces más para un total de 419 mil 434 millones 147 mil 380 pesos.
Pero de los más de 100 programas que se incluyen en el anexo, el programa de Pensiones para personas mayores representa 61.5 por ciento de los recursos, mientras que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEV), adjudicado a la Secretaría de Gobernación (Segob), apenas se le asignaron mil 194 millones de pesos, lo que representa apenas 0.3 por ciento.
Eso significa que no hubo recursos para disminuir la violencia. Lo mismo ocurre en el presupuesto de las Entidades no sectorizadas, donde se ubica el Inmujeres, el cual tiene asignado en 2024 un monto de mil 157 millones de pesos, 0.3 por ciento del total.
Recomiendan a Claudia Sheinbaum trabajar con la sociedad civil
En las conclusiones en relación con las esferas de especial preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing, el informe del Estado mexicano señala que la coordinación interinstitucional y la participación de las organizaciones de la sociedad civil y academia son claves para contar con una mirada integral sobre la situación actual de la igualdad de género en el país.
Y dice que la participación coordinada de las entidades y dependencias del gobierno federal y estatal fueron vitales para contar con información que permitiera dar respuesta oportuna a cada uno de los reactivos del informe.
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Informa sobre el papel decisivo de la Comisión de Seguimiento de las Observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comisión CEDAW), seno de la organización para la elaboración de este informe, como una buena práctica de transversalización de la perspectiva de género que permitió corroborar que la coordinación interinstitucional es fundamental para un gobierno federal como lo es México.
Por otra parte, asegura que la participación de las organizaciones de la sociedad civil en diferentes espacios a lo largo del proceso de elaboración del informe contribuyó a identificar los retos en los cuales el Estado mexicano deberá seguir trabajando.
El gobierno de México en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo un balance de los progresos sustantivos que puso en evidencia las dificultades de desmantelar las estructuras de desigualdad y de cerrar las brechas persistentes que retrasan o frenan el desarrollo de las mujeres, adolescentes y niñas, sobre todo aquellas situadas en poblaciones que enfrentan barreras particulares en función de su contexto.
Las principales dificultades encontradas para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, y que deberán ser atendidas por el Estado mexicano en los próximos años, giran en torno a las brechas y dificultades persistentes para la territorialización de las políticas públicas, acciones y programas que se emiten desde el Gobierno Federal, que aún presentan barreras de acceso para las mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad en los territorios.
Por lo anterior, es necesario continuar las acciones a nivel local desde una mirada interseccional e intercultural para garantizar el acceso a un verdadero desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás ni a nadie afuera.
En este sentido, es necesario continuar y fortalecer acciones contundentes como la estrategia integral para el acceso de las mujeres rurales, indígenas y afromexicanas a la tierra, al territorio y al reconocimiento de sus derechos agrarios; la estrategia de Redes Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ) y la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras.
Reconoce que es necesaria la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados sostenible, corresponsable, universal y con pertinencia cultural; así como los presupuestos con perspectiva de género y el gasto etiquetado para acciones en pro de la igualdad sustantiva, acompañado del monitoreo e indicadores idóneos para su seguimiento.
Admite que deben redoblarse los esfuerzos iniciados para acelerar la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030, relacionados con promover una mayor participación de las mujeres en el ámbito laboral que permita el acceso pleno a la seguridad social; continuar con los esfuerzos indispensables en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, el fortalecimiento del sistema de acceso a la justicia y el cambio cultural; cerrar la brecha digital de género y abordar los estereotipos de género en los medios de comunicación.
También informa que faltó fortalecer el derecho a la salud de mujeres, adolescentes y niñas con perspectiva intercultural e interseccional, favoreciendo el acceso a la salud sexual y reproductiva, la prevención de las uniones tempranas y del embarazo adolescente; así como seguir realizando acciones para fortalecer el Mecanismo para el Avance de las Mujeres, tanto a nivel federal, estatal y municipal.
Los compromisos de México con la Plataforma de Acción de Beijing
En seguimiento a la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, se destaca el compromiso de México para actuar desde una Política Exterior Feminista de Estado, que no sólo refuerce la adhesión a los más altos estándares de derechos humanos, sino que implica incorporar la perspectiva de género en su actuar internacional.
Su adopción es un catalizador a la implementación nacional de instrumentos como la Agenda 2030, la Agenda Regional de Género y procesos nuevos como la Cumbre del Futuro.
Considera de suma relevancia ya que México haber sido sede de la Tercera Conferencia Internacional de Políticas Exteriores Feministas en 2024 cuyo compromiso principal fue el abordaje el Pacto del Futuro y de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en 2025, que tendrá como tema el impulso de la sociedad del cuidado y la igualdad de género.
Con la presentación de este Examen Nacional, el Estado mexicano refrenda su compromiso con poner en el centro de la política de Estado la agenda de la igualdad de género y continuar trabajando a favor de las mujeres, las adolescentes y las niñas en toda su diversidad, con el fin de alcanzar sociedades más justas y sostenibles que no dejen a nadie atrás ni a nadie afuera.
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