Estados Unidos se comprometió a trabajar para mitigar los efectos negativos de Quédate en México, luego de que la Corte Suprema rechazara el martes la petición del gobierno del presidente Joe Biden para impedir la reinstauración del programa, que obliga a los migrantes a esperar en México su cita ante tribunales para poder solicitar asilo.
En conferencia de prensa virtual, Emily Mendrala, subsecretraria de Estado para el Hemisferio Occidental de la actual administración en la Casa Blanca, aseguró, además, que a pesar de la decisión del máximo tribunal estadounidense, seguirán trabajando con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr una migración segura y ordenada.
Mendrala afirmó que acatarán la orden judicial y procesarán a las personas que lleguen a la frontera sur estadounidense de acuerdo con las normas vigentes. Además, reiteró lo que otros funcionarios han dicho, que los migrantes que lleguen de forma irregular a la frontera serán devueltos a sus países de origen.
Agregó que el interés de su país es abordar las causas fundamentales de la migración irregular, entre ellas la creación de oportunidades económicas.
Sin embargo, la funcionaria no detalló cómo el gobierno de su país abordará los retos humanitarios que dejó el cuestionado programa Quédate en México.
Al ser cuestionada por los periodistas sobre la situación de menores no acompañados, mujeres en vulnerabilidad y la grave situación de derechos humanos expuesta por instituciones como Human Rights Watch, se limitó a decir que “estamos trabajando con organizaciones internacionales para intentar encontrar medidas para mitigar los desafíos humanitarios”.
Tampoco quiso responder cuál fue la reacción de México a la decisión de la Corte Suprema y se limitó a señalar que ambos países comparten desafíos en común para los que continuarán trabajando de manera coordinada.
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En su informe “Como si me estuviera ahogando”, Human Rights Watch da cuenta de los peligros del programa instaurado por el expresidente Donald Trump, como el que “la gente que es devuelta a México para esperar audiencia está en riesgo de serios daños en México, incluyendo abuso sexual y otros tipos de ataques violentos, como robos armados y extorsión, a menudo de parte del crimen organizado y en ocasiones, de parte de agentes migratorios mexicanos y la policía”.
Además, sostienen que el programa va en contra de las obligaciones adquiridas por Estados Unidos bajo los Protocolos de Refugiados, la Convención contra la Tortura, la Alianza Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el derecho internacional.